En sus primeros días como fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi ha implementado cambios significativos en la política de pena de muerte a nivel federal. A través de un memorándum, ha levantado el moratorio sobre las ejecuciones federales, impuesto durante la administración de Joe Biden, y ha establecido nuevos criterios que priorizan la pena capital en casos específicos.
Fin del moratorio y nuevas directrices
El memorándum, emitido tras la llegada de Bondi al Departamento de Justicia (DOJ) el pasado 5 de febrero, permite reanudar las ejecuciones federales, algo que no ocurría desde 2021.
Además, establece que los fiscales federales deberán solicitar la pena de muerte con mayor frecuencia, particularmente en casos que involucren a inmigrantes indocumentados acusados de delitos graves y a aquellos que asesinen a oficiales de policía.
Uno de los casos mencionados en el documento es el asesinato del agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, David Maland, ocurrido en Vermont durante un control de tráfico. También se menciona el caso de Debrina Kawam, una mujer que fue quemada viva en el metro de Nueva York, aunque aún no está claro si este crimen será considerado dentro de la nueva política federal.
