Cuando los residentes del estado de Durango voten en las primeras elecciones judiciales de México el próximo mes, Leopoldo Chávez estará en la papeleta para juez federal pese a los casi seis años que cumplió en una prisión de Estados Unidos.
Chávez fue condenado por delitos relacionados con drogas: contrabando de más de cuatro kilogramos de metanfetaminas en 2015. Durango forma parte del Triángulo Dorado mexicano, una región controlada por cárteles en la que se cultiva marihuana y amapola.
En el cercano estado de Jalisco, en la costa del Pacífico, Francisco Hernández se presenta como candidato a magistrado penal a pesar de que la última vez que ejerció como juez fue destituido por el Consejo de la Judicatura Federal tras una investigación por acusaciones de abuso sexual y corrupción.
Dijo a Reuters que las acusaciones eran «calumnias y difamaciones». «Que me juzgue el pueblo», señaló.
