El presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República, Rafael Espino de la Peña, informó que hoy concluyó la primera etapa de un intenso ejercicio de Parlamento Abierto, que inició el pasado 9 de junio, para la integración de un nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
En la inauguración de los trabajos del séptimo y último foro “Hacia un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Retos y Análisis”, en Ciudad Juárez, Chihuahua, el legislador expresó que escuchar otras voces “nos evita la llamada ceguera de taller y amplía nuestra comprensión de los fenómenos sociales”.
Además, dijo, este ejercicio aumenta nuestra sensibilidad; nos da la oportunidad de sumar esfuerzos y recursos; y nos ayuda a encontrar nuevas y diversas soluciones a problemas públicos.
Por ello, la iniciativa para expedir el nuevo ordenamiento se analizó, en esta primera etapa, en la Ciudad de México, Morelos, Veracruz, Puebla, Michoacán y Chihuahua.
Espino de la Peña subrayó que el intercambio parlamentario que se ha tenido con expertos y con la ciudadanía, ha sido para recoger las mayores aportaciones posibles de todos los sectores involucrados en la aplicación de esta norma de justicia cotidiana, como los órganos jurisdiccionales, los abogados, la academia y la sociedad civil, para construir un instrumento sólido que genere consenso y se logre una pieza legislativa consensuada.
Reconoció que es una realidad que las instituciones de justicia están sobrecargadas, “pues según el Índice Global de Impunidad 2020, México tiene sólo 2.17 jueces por cada 100 mil habitantes, cantidad muy alejada de la cifra promedio en el mundo que es de 17.83 jueces”.
La existencia de normas federales y locales distintas dan lugar a aplicaciones legales diferenciadas en reglas, plazos e, incluso, en las formas de resolver, con lo que se incurre en contradicciones, añadió el legislador.
Afirmó que con este instrumento jurídico en materia civil y familiar se busca que la justicia cotidiana, que es la que toca los asuntos más cercanos e importantes de las personas, “sea universal e incluyente, ágil, sencilla y accesible a toda la gente, sobre todo a la más excluida.”
Por eso, añadió, se busca que su impartición facilite derechos, mejore la calidad de vida y promueva el desarrollo y la paz en nuestro país.
A través de un video mensaje, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, explicó que la reforma constitucional, publicada desde 2017 en materia de justicia cotidiana, facultó al Congreso de la Unión expedir esta legislación única en materia procesal civil y familiar.
“Ahora estamos en estos foros, presenté una iniciativa con 891 artículos desarrollados en 11 libros. Esta es la iniciativa que ahora es motivo de esta reunión, este proyecto se sustenta en la experiencia o intercambio de opiniones entre los órganos jurisdiccionales del fuero común y asociaciones de juzgadores, quienes operan las normas adjetivas en materia civil y familiar”, expresó.
Ricardo Monreal afirmó que, ante los ojos de la ciudadanía, “el sistema de justicia civil y familiar aún resulta lento, incierto, muchas veces discriminatorio, complicado y costoso, sobre todo para quienes tienen pocas posibilidades de costear un juicio”.
Explicó que la diversidad de normas ha generado obstáculos para que las personas puedan acceder a una justicia expedita en esta materia debido a la existencia de reglas, plazos, términos, criterios e incluso sentencias contradictorias.
La tutela jurisdiccional efectiva, añadió Monreal Ávila, implica la aplicación de procedimientos judiciales ágiles y útiles, que permitan resolver los conflictos con la celeridad en beneficio de las personas para que puedan ser atendidos en su impartición de justicia
