El fiscal general del Estado, César Augusto Peniche Espejel, ratificó ante la Secretaría General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados, la solicitud de procedencia o desafuero que permita al ministerio público ejercer acción penal persecutoria, contra el senador Cruz Pérez Cuéllar.
En rueda de prensa virtual, el funcionario explicó que acudió ante esa instancia del Poder Legislativo para atender una cita que le fue hecha directamente, debido a que el procedimiento para la solicitud impone dicha ratificación y la hizo personalmente en respuesta a este llamado, que es de carácter legal.
Conforme al procedimiento que sigue, el próximo lunes se hará el acto de notificación al senador por Morena, quien tendrá conocimiento del contenido de todos los documentos presentados por la FGE y de cada una de las pruebas, a través de las que se sustenta la petición del ministerio público.
Posteriormente inicia un trámite procesal en el ámbito administrativo de la Cámara de Diputados, “ese será el momento en que podamos referirnos a cada uno de los datos que hay en la carpeta y que hoy deben ser reservados”, explicó Peniche Espejel.
La petición deberá turnarse a la Sesión Instructora que será la encargada de hacer el procedimiento correspondiente para finalmente llevarlo ante el Pleno, que conocerá de esta petición de la FGE y se constituirá como Gran Jurado, una vez que analice las pruebas o argumentos de descargo del legislador.
Una vez concluido este procedimiento, los diputados votarán si es desaforado o no.
El funcionario estatal dijo estar consciente de que la Cámara habrá de cumplir cabalmente su función y afirmó que la carpeta de investigación en que se vincula al senador con la denominada “nómina secreta” del exgobernador, lleva la cantidad de datos de prueba suficientes para sustentar la petición de desafuero.
Recordó que este tema involucra a alrededor de 120 personas, que de alguna manera se vieron beneficiados con recursos desviados del Estado, lo que ha hecho complejas estas indagatorias y por tanto, esa complejidad es lo que ha marcado los tiempos de cada carpeta de investigación.
“Los tiempos los ha determinado el momento en que se han reunido los datos de prueba en cada caso, la FGE no obedece a tiempos políticos, ni electorales, sino en base a los hechos y evidencias que se obtienen”, precisó el fiscal.
Actualmente la Fiscalía tiene en proceso de integración 50 carpetas de investigación, de las cuales, una tiene que ver con la “nómina secreta”, donde otras 60 personas involucradas, que en un futuro tendrán qué atender el llamado del ministerio público para responder en relación a las imputaciones que se les formulan y se les ejercitará acción penal en la medida en que se reúnan los datos de prueba.
Peniche Espejel descartó que el tiempo que queda a la actual administración sea un problema para dar continuidad a estos casos, toda vez que la FGE es una institución sólida y fuerte, que ha demostrado no responder a intereses fuera de ella, sino exclusivamente al estado de derecho.
