Rosario Robles se quejó de la existencia de un contubernio de Morena con la Fiscalía General de la República (FGR) y el Poder Judicial de la Federación para mantenerla bajo proceso penal y privada de su libertad por el caso de la Estafa Maestra.
En el último amparo que promovió contra la vinculación a proceso, la exsecretaria de Estado insistió en que el parentesco de la diputada federal morenista Dolores Padierna y el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, que lleva su caso, ha tenido implicaciones graves en su condición legal.
“Existe un contubernio entre las autoridades ministeriales y judiciales, con miembros del partido político denominado Movimiento de Regeneración Nacional, mejor conocido como Morena, del cual es emanado el hoy Presidente de la República, y la tía del juez responsable”, alegó la extitular de la Sedatu y Sedesol.
“Lo que se acredita presumiblemente con las actuaciones ministeriales y judiciales, de ahí que el auto de vinculación esté viciado de origen, lo que acredita la existencia del efecto corruptor”.
Según el documento, la experredista manifestó que es un hecho notorio que la actual diputada federal morenista y su esposo René Bejarano, le tienen una animadversión y encono personal, político y público, al señalarla sin fundamento de haberlos traicionado en el caso de los videoescándalos.
La exfuncionaria se deslindó de este caso por el que Bejarano fue investigado y encarcelado ocho meses en el Reclusorio Sur.
“El juez responsable, a pesar de tener un impedimento para conocer de la causa penal 314/2019, de manera dolosa no se excusó de conocer del procedimiento penal, ello con la definida intención de emitir una resolución y privarla de la libertad, en clara violación a los derechos humanos y así lograr la venganza política y pública de sus familiares”, reiteró.
“Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, Juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México –a quien el juez Delgadillo Padierna dedicó su tesis de licenciatura– desestimó este alegato de Robles, por tratarse de una ‘manifestación subjetiva’”.
Este amparo fue negado a Robles por el juez Vargas Alarcón y luego el fallo fue confirmado en segunda instancia por el Noveno Tribunal Colegiado Penal.
La excolaboradora del exmandatario del PRI, Enrique Peña Nieto, también reclamó en esta demanda que no se tiene pleno conocimiento de la fecha en que se inició la carpeta de investigación que la llevó a la cárcel.
“Presumiéndose un contubernio entre las autoridades ministeriales y la Asociación Civil denominada Despacho de Investigación y Litigio Estratégico, A.C., mejor conocida como con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, lo que evidencia la existencia del efecto corruptor”, alegó.
También Robles Berlanga expuso como argumento de defensa que la FGR solicitó la audiencia de imputación en su contra, a pesar de existir una suspensión provisional decretada por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, que impedía judicializar la indagatoria.
La suspensión a la que se refiere en realidad le fue otorgada a Emilio Zebadúa, su exoficial Mayor en la Sedatu y Sedesol.
