La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a la Secretaría de Economía revocar dos títulos de concesión en Puebla a la Minera Gorrión, filial de la canadiense Almaden Minerals.
Pidió expedir nuevos permisos, pero garantizando la obligación convencional de consulta previa a la que tiene derecho la comunidad indígena nahua de Tecoltemi, originaria del municipio de Ixtacamaxtitlán, donde están las minas.
Las y los ministros de la Primera Sala de la SCJN señalaron que, si bien la Ley Minera no regula el procedimiento a seguir en la expedición de los permisos, sí hay una obligación de consulta a los pueblos originarios.
Por cuatro votos a uno, recordaron que, previo al otorgamiento de las concesiones Cerro Grande (el 5 de marzo de 2003) y Cerro Grande II (el 26 de febrero de 2009), no se consultó a las comunidades indígenas de la zona.
