Con la autorización del autor, tengo el placer de hacerte una segunda entrega de una historia no solo de corrupción e impunidad, sino de cinismo y complicidades inéditas de las élites políticas y económicas, en torno a la persecución de un valiente y valioso líder empresarial, encabezada en su momento por un exgobernador de Chihuahua ahora en prisión, que seguramente te provocará una honda reflexión del sistema de justicia en que vivimos, disfrútala.
El proceso
Como el personaje principal de la novela surrealista de Franz Kafka, diez años después aún desconozco bien a bien de qué se me acusa. Mi caso legal, que inició en agosto de 2012, está sobreseído desde el 3 de octubre de 2017. Este sobreseimiento que cierra el caso ha sido ratificado dos veces por un juez federal, en 2018 y 2019, y lleva más de cuatro años esperando que un Tribunal Colegiado de Circuito en Ciudad Juárez deje en firme la sentencia que lo concluiría. Los magistrados que lo integran han manifestado las más absurdas e infundadas razones para prolongarlo, a pesar de que el supuesto delito de administración fraudulenta, que no se configura, incluso ya prescribió desde octubre de 2020.
Peor aún, el gobierno del estado de Chihuahua no ha podido en todos estos años siquiera realizarme una imputación formal ante tribunales, y su fiscal general es el mismo funcionario que en 2013 fungía como delegado federal de la PGR que emitió un acuerdo para archivar mi expediente por “no delito”.
Mi acusador público principal, el entonces gobernador César Duarte, está ahora detenido en una cárcel de Miami desde julio de 2020, sujeto a un juicio de extradición a México, acusado de fraude y peculado agravado, y las autoridades estatales, que inexplicablemente han continuado mi persecución política, no han podido responder hasta ahora una simple petición del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, emitida desde enero de 2017, para que fundamenten con evidencias incontrovertibles la comisión del delito del que me acusan.
El expediente legal que desde 2012 integró la Fiscalía estatal en mi contra, está mayormente conformado por recortes de periódico con declaraciones del exgobernador, desde las cuales también involucran como mis presuntos cómplices de supuesto fraude al expresidente de Rusia y Premio Nobel de la Paz, Mijaíl Gorbachov, al grupo musical Maná, y al corporativo OCESA. Incluye también una voluminosa copia de los consejos directivos de Coparmex en Ciudad Juárez de los últimos cincuenta años, así como un acta testimonial, de hechos que nunca ocurrieron, en contra del ciudadano norteamericano David Marcus, expresidente del Museo del Holocausto, firmada por personal diplomático del consulado general de México en El Paso en 2013.
El gobierno de México reaccionó ese mismo año ante una denuncia de hechos presentada por David Marcus con una petición urgente al Departamento de Estado solicitando que los investigara. Un agente especial del FBI se entrevistó poco después en El Paso con el señor Marcus para darle continuidad a esta solicitud, en el entendido de que se iniciaría una investigación del más alto nivel para indagar los hechos de corrupción y manipulación de la justicia cometidos por el entonces gobernador de Chihuahua. Conforme pasaron los años fue claro que lo que se pretendía era precisamente lo contrario: encubrir a este gobernador y protegerlo de cualquier investigación posterior en los Estados Unidos.
Sin embargo, los hechos hasta aquí descritos y por graves que parezcan, palidecen ante otras acciones criminales emprendidas con anterioridad en mi contra y la de mi familia por el exgobernador, quien a toda costa pretendía que me declarara públicamente culpable de un delito que sólo existía en su febril imaginación.
Su estrategia era muy simple: se trataba primero de descarrilar mi legítima aspiración a ser candidato a la presidencia nacional de Coparmex porque, según Duarte, “me volvería un peligroso adversario político en la lucha por la gubernatura” y eso “sólo ocurriría sobre su cadáver”, para lo cual emprendió, apenas terminada Juárez Competitiva, una amplia campaña de descrédito en los medios locales y estatales, que luego escaló a nivel nacional.
Para ello contó con la abierta colaboración de Gustavo de Hoyos, entonces gerente jurídico de Coparmex nacional, quien validó las absurdas e infundadas acusaciones de un fraude “a la alta escuela” con Maná y OCESA primero, y después con Gorbachov y David Marcus, para diseminarlas como rumor entre la membresía de Coparmex y el Consejo Directivo, y luego impulsar “sanciones” por “graves conductas ajenas a nuestros estatutos” y “violación a nuestros principios y valores”.
Gerardo Gutiérrez Candiani, ya como presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), se vio así favorecido por Duarte, a petición de su padrino político, Diódoro Carrasco, para apoyar a su delfín en la sucesión de Coparmex, Juan Pablo Castañón, y tener vía libre para buscar en 2016 la gubernatura por Oaxaca. En este acuerdo, como lo denuncié oportunamente desde 2011, De Hoyos seguiría en la línea sucesoria –como efectivamente ocurrió en 2015– y estos dos últimos buscarían en su momento las gubernaturas de Sinaloa y Baja California, respectivamente, usando a la Confederación como instrumento de promoción personal, aunque en los tres casos con sendos fracasos ante adversarios mejor posicionados y con mayor experiencia.
En esta campaña negra participaron también a nivel local los expresidentes de Coparmex en Ciudad Juárez, Pablo Cuarón Galindo, Jorge Contreras Fornelli, Gustavo Muñoz Hepo, Sergio Nevárez Rodríguez, José Sigala Valero y María Gutiérrez de Anda, quienes incluso se atrevieron a enviar una carta a la comisión electoral el 31 de julio de 2012, exigiendo que no se permitiera el registro de mi candidatura, “porque hay acusaciones de las autoridades estatales y él debe enfrentar su responsabilidad”, ¡cuando todavía no existía una sola demanda legal presentada ante autoridad judicial alguna!
En semanas previas tuve una reunión con Don Federico Terrazas Torres (qepd), presidente de Cementos de Chihuahua y entusiasta promotor de mi candidatura, quien me alertó: “Me vinieron a ver Pablo Cuarón y Jorge Contreras Fornelli; me dijeron que ya tenían todo preparado para cancelar el registro de tu candidatura, con la aprobación de Gustavo de Hoyos y el beneplácito de Gutiérrez Candiani, y que el gobernador en breve te promovería una causa penal. Les causó mucho disgusto tu éxito en Juárez Competitiva, y en general tu magnífico desempeño como líder empresarial. Los reconvine y les dije que me parecía una conducta ruin y de traición, que no estaba de acuerdo”.
A nivel estatal Patricia Terrazas e Ignacio Manjarrez, expresidentes de Coparmex Cuauhtémoc y Chihuahua, respectivamente, fueron activos operadores duartistas; Gutiérrez Candiani premió a la primera con una candidatura de relleno para “competir” contra Castañón, en la que obtuvo sólo tres votos de 67 posibles; mientras que Manjarrez continuó como eterno presidente de la Comisión de Seguridad Pública, estrechamente vinculado a las autoridades, a la par que operaba su negocio personal de funeraria y cementerio, en una época en la que el número de fallecidos por la violencia en el estado no tuvo precedente.
Cuando César Duarte comprobó que las calumnias y difamaciones no me arredraban, y a sabiendas de que no tenía evidencia de ningún delito, inició una nueva etapa de amenazas de muerte y hechos de violencia en contra mía y de mi familia, que se prolongó por muchos meses y que incluyó el secuestro de uno de mis hermanos, quien fue golpeado salvajemente por más de diez policías estatales y a quien se le realizó un simulacro de ejecución dos veces, advirtiéndole que si yo no me declaraba culpable nos matarían a todos y destruirían todas mis propiedades.
Al día siguiente un vehículo sin placas arrojó varias bombas molotov contra los cristales de su negocio, incendiándolo y destruyéndolo en su totalidad. Pocos días después, más de 30 patrullas estatales, por órdenes del fiscal Carlos Salas, rodearon la casa de mi mamá, de 90 años, y con sirenas prendidas y armas largas con cartucho cortado permanecieron más de tres horas afuera de su vivienda, intimidándola y gritándole amenazas por un altavoz. Menos de una semana más tarde, a altas horas de la madrugada, misteriosos encapuchados intentaron incendiar la bodega de uno de mis negocios, lo que se evitó gracias a la oportuna intervención de los bomberos.
Apenas un mes más adelante, un funcionario diplomático que se identificó como empleado del Consulado General de México en El Paso, de nombre Max Otto, visitó a David Marcus en sus oficinas e intentó amenazarlo e intimidarlo, acusándolo junto conmigo de complicidad de fraude al gobierno del estado de Chihuahua. El sujeto se retiró rápidamente tan pronto se le demostró que todo lo que pretendía no tenía el menor sustento, aunque pocos días después esta misma persona firmó un acta judicial con otros dos diplomáticos del mismo Consulado, en el que se pretendía con falsedades demostrar una supuesta complicidad entre el señor Marcus y un servidor, del “fraude” denunciado por el gobernador.
La degradación ejercida sobre la sociedad civil y específicamente empresarial, querido Lector es realmente incalculable, a Chavira se le somete a una verdadera persecución política de Estado, las complicidades fueron lubricadas en especie y en oportunidades económicas, los cómplices que intervinieron en el proceso de linchamiento provinieron de los mas diversos sectores sociales y lo mas grotesco, por supuesto, institucionales, danos en el plano local, estatal, nacional e incluso como puede observarse, internacional. Con la calibración que el tiempo da a la historia, es indispensable rescatar la memoria para dar a las cosas, hechos y personajes su efectiva dimensión, para rescatar el presente y también el futuro, ahí queda la lucidez que da el pasado con sus invaluables lecciones y que no tiene desperdicio.
