La administración de Joe Biden reanudó las “deportaciones aceleradas”, sin derecho a una audiencia migratoria, para expulsar del país a familias que carecen de una base legal para permanecer dentro del país y que no pueden ser deportadas bajo el Título 42 (por razones de salud pública a raíz de la pandemia).
“Intentar cruzar a Estados Unidos entre los puertos de entrada o eludir la inspección en los puertos de entrada es la forma incorrecta de llegar al país. Estos actos son peligrosos y pueden tener consecuencias migratorias a largo plazo para las personas que intentan hacerlo”, señaló el Departamento de Seguridad Interna (DHS).
“Esto va a dañar el debido proceso y va a poner a familias en riesgo. Este programa le da mucha discreción nuevamente a los agentes de la Patrulla Fronteriza, que tienen un historial de abusos”, dijo a EL FINANCIERO la directora del Centro de Abogacía Migratoria Las Américas en El Paso, Texas, Linda Rivas.
Bajo la nueva política, implementada primero por Bill Clinton en 1996, los agentes fronterizos tendrán la discrecionalidad de determinar el destino de una familia solicitante de asilo detenida entre los puntos de cruce fronterizos, aunque, en teoría, los migrantes pueden solicitar una entrevista de miedo si argumentan que su integridad personal está en peligro si son deportados.
“La deportación acelerada es un paso en la dirección equivocada para una administración que ha prometido garantizar el debido proceso de ley que tanto se laceró durante la pasada administración. Literalmente es sentarse por unos segundos frente a un oficial en un escritorio que determinará su destino, sin un proceso justo e imparcial”, dijo a este diario el abogado Rafael Borrás.
