El Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal concedió la suspensión definitiva al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, para que no pueda ser detenido en cuanto pise territorio mexicano si es extraditado por Estados Unidos. México reclama al exmandatario por los delitos de peculado y asociación delictuosa, que no requieren prisión preventiva de oficio.
No obstante, la suspensión está condicionada a que no se haya cumplido con la orden de aprehensión en su contra, lo que podría ocurrir en el avión que lo trajera al país. Por lo tanto, si la orden se ejecuta antes de que Duarte llegue a México, las autoridades deberán ponerlo a disposición de un juez de control de Chihuahua, aunque su libertad provisional deberá decidirla el juez de amparo del penal donde sea internado.
El tribunal ratificó por unanimidad el falló de la jueza cuarta de distrito de Amparo en Materia Penal, María Dolores Núñez Solorio, que impuso la siguientes condiciones:
I. Otorgar una garantía por dos millones de pesos dentro de los cinco días siguientes a la notificación;
II. Asistir físicamente ante el juez de control responsable a fin de responder a los cargos que se le atribuyen;
III. Acudir las veces que sea requerido por la misma autoridad.
“La suspensión concedida no surtirá efectos, si se sorprende a la parte quejosa en la comisión de flagrante delito, si el acto reclamado proviene de autoridades distintas a las señaladas como responsables o si los actos resultan ser distintos al que se reclaman, o si se trata de actos posteriores a la presentación de la demanda”, precisa la resolución.
El Tribunal rechazó conceder la suspensión de la solicitud de extradición presentada por el gobierno mexicano ante las autoridades estadounidenses.
La solicitud debe ser resuelta por una jueza federal de Miami para determinar si cumple los requisitos del Tratado de Extradición México-Estados Unidos.
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A finales de enero, la jueza Lauren Louis, de la Corte del Distrito Sur en Miami, puso fin a la audiencia celebrada este martes sin emitir una decisión sobre la entrega del exgobernador, aunque concluyó que responderá por escrito a la petición del Gobierno de México.
El pasado 23 de febrero, el diario El Universal reveló que cinco cómplices de los desvíos millonarios realizados durante el mandato del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, regresaron 19 millones 200 mil pesos y se convirtieron en testigos colaboradores de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) para proceder contra el exmandatario.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía de Chihuahua, el exmandatario mantenía una supuesta nómina secreta, a través de la cual fueron desviados aproximadamente mil millones de pesos del erario de Chihuahua.
Según las pesquisas, el dinero fue entregado a más de 100 personas entre 2010 y 2016, periodo en el que Duarte fue gobernador; los fondos provenían de las cuentas bancarias destinadas al gasto operativo y pago de nómina de empleados estatales.
Las autoridades detectaron que, de esas cuentas, mensualmente se emitían cheques de 5 a 20 millones de pesos que se depositaban en una empresa de traslado de valores que hacía llegar el dinero de forma líquida a las oficinas de la Tesorería estatal.
Este dinero era resguardado en efectivo en una bóveda y se entregaba a funcionarios, candidatos, dirigentes de distintos partidos políticos locales y nacionales, medios de comunicación, periodistas, líderes sindicales, parientes y amigos de Duarte.
Quienes se acogieron al criterio de oportunidad fueron Fernando Reyes Ramírez, exdiputado local por Movimiento Ciudadano (MC), quien regresó 2.4 millones de pesos; Armando Cabada, actual alcalde de Ciudad Juárez y quien a su vez es candidato a diputado federal plurinominal por Morena, regresó 4.3 millones de pesos.
También se encuentran bajo esta figura Javier Contreras Orozco, exdirector del periódico El Heraldo de Chihuahua, quien regresó 10 millones de pesos; Hortensia Aragón Castillo, exdiputada local y expresidenta estatal del PRD, devolvió 2 millones de pesos, y Teokali Hidalgo, expresidenta municipal del PRI en Chihuahua, quien regresó 500 mil pesos.
La FGJE ha señalado que el dinero se entregaba en sobres o paquetes en las oficinas de la Tesorería estatal o en el estacionamiento subterráneo de la misma, y sus destinatarios firmaban recibos de puño y letra para amparar la entrega del dinero.
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Hasta ahora la Secretaría de la Función Pública (SFP) tiene registrados 470 recibos firmados por 34 personas entre 2014 y 2015 por un monto de 172 millones 633 mil pesos en total.
Al menos 14 exfuncionarios participaron en la entrega y recepción de 45 millones de ese total de más de 172 millones.
