El diputado Miguel Ángel Torres, propuso reformar la Ley General de Salud con el objetivo de incluir como derecho del usuario, el tener acceso al costo del tratamiento y la atención médica durante el diagnóstico, así como establecer la obligación del prestador de servicios de salud de mantener precios públicos y que estos no puedan ser modificados.
La iniciativa señala que los prestadores de servicios de salud están obligados a entregar información y orientación al paciente, al familiar que lo acompañe o a su representante legal, respecto de su salud y sobre los riesgos y alternativas de los procedimientos, diagnósticos terapéuticos y quirúrgicos que se le indiquen o apliquen.
En el caso de que exista pago por prestación de servicios de salud, estos deberán ser especificados en la información que se entregue y de ninguna forma podrán ser modificados en cuanto a montos una vez aceptados, precisa.
Los costos de servicios prestados, así como de materiales y medicamentos, deberán estar expuestos al usuario y coincidir con la información que le fue entregada de manera personal. Los costos no podrán ser mayores a los publicados y puestos a la vista del usuario, agrega.
El documento, remitido a la Comisión de Salud, refiere que las quejas relacionadas con la contraprestación a pagar por los servicios médicos recibidos, han ido aumentando, a partir de identificar una serie de elementos irregulares, pero legales, que los hospitales utilizan para elevar el costo de sus servicios y no tener claridad con el paciente del costo real de su tratamiento o de los servicios ofrecidos.
Reportó el encarecimiento de costos de servicios de hospitales privados entre 15 y 20 por ciento, frente a una inflación en 2020 de 2.83 por ciento y de 7.36 por ciento para 2021, así como el cobro de servicios no autorizados por el paciente o cuyo costo no fue oportunamente informado, subraya.
