Arropada políticamente por Jorge Romero Herrera, líder del llamado “Cártel Inmobiliario”, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, volvió a eludir su responsabilidad de rendir cuentas ante la Fiscalía General de la República por los hechos relacionados con la participación de agentes extranjeros en territorio nacional.
Con argucias legales, la mandataria panista evitó presentarse a testificar ante la autoridad ministerial en Ciudad Juárez, donde fue citada en calidad de testigo, y prefirió, como es su costumbre, trasladar el tema al terreno mediático desde la Ciudad de México.
No se trata de persecución política. Se trata de esclarecer hechos graves que podrían vulnerar la soberanía nacional y el pacto federal. Ninguna autoridad local puede actuar por encima de la Constitución ni sustituir las facultades exclusivas del Estado mexicano en materia de política exterior y seguridad nacional.
La Constitución es clara: la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo de México y corresponde al Estado mexicano garantizar su defensa y preservar el principio de no intervención extranjera.
México merece explicaciones claras sobre cualquier posible actuación de agentes extranjeros en territorio nacional auspiciados por el gobierno estatal de Chihuahua. La soberanía no puede relativizarse ni utilizarse como bandera discursiva mientras se evade la rendición de cuentas ante las autoridades competentes.
Morena sostiene con claridad que toda persona servidora pública, sin importar su cargo o militancia, debe responder ante la ley cuando existan hechos que ameritan investigación. Hoy no son tiempos del viejo régimen ni de mecanismos de impunidad.
La gobernadora María Eugenia Campos debe dejar de esconderse detrás del fuero, de tecnicismos jurídicos y del respaldo político del PAN. Debe rendir cuentas ante la FGR y ante el pueblo de México.
