El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, envió una carta a todos los jefes de Estado y de gobierno de América Latina y el Caribe, así como a todos los países que integran el sistema de la Organización de Naciones Unidas (ONU), para alertar sobre “una escalada de agresiones de extrema gravedad por parte del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica”.
Maduro advierte que los efectos de estas acciones trascienden a Venezuela y amenazan con desestabilizar a toda la región y al sistema internacional en su conjunto.
Desde Caracas se hace un llamado a los gobiernos del mundo a condenar explícitamente las acciones de agresión, piratería y ejecuciones extrajudiciales cometidas por Estados Unidos, así como a exigir el cese inmediato del despliegue militar, el bloqueo y los ataques armados en el Caribe. Además, piden activar los mecanismos del sistema multilateral para investigar, sancionar y prevenir la repetición de tales hechos.
En la misiva, el líder bolivariano señala que la operación Lanza del Sur, activada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, constituye una amenaza directa del uso de la fuerza, prohibida por el artículo 2, numeral 4, de la Carta de las Naciones Unidas. Además, vulnera la declaración de América Latina y el Caribe como zona de paz, firmada por todos los países de la Celac en 2014, y el Tratado de Tlatelolco, que determina a la región como libre de armas nucleares.
“Venezuela no ha cometido acto alguno que justifique esta intimidación militar”, reza el texto, que luego contabiliza 28 ataques armados perpetrados por fuerzas estadunidenses en el Caribe y el Pacífico oriental contra embarcaciones civiles. El saldo es 104 personas ejecutadas extrajudicialmente, “muchas de ellas en condición de naufragio”, denuncia Maduro en el documento leído este lunes por el canciller venezolano, Yván Gil.
Venezuela acusa que estos hechos violan el derecho a la vida, artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; así como los Convenios de Ginebra de 1949, que obligan a proteger a civiles, heridos y náufragos en el mar; y el Protocolo Adicional Primero de 1977, que impone la distinción absoluta entre población civil y combatiente.
