Aunque las recientes redadas migratorias en Estados Unidos, especialmente en Los Ángeles, han encendido las alertas, autoridades mexicanas aseguran que, hasta ahora, no hay un incremento inusual en las deportaciones. Sin embargo, organizaciones civiles y activistas advierten que México debe prepararse ante un posible aumento en los retornos forzados.
Los centros de atención para personas repatriadas en Tijuana y Mexicali, habilitados por el Gobierno federal a inicios de 2024, continúan operando con normalidad. El secretario general de Gobierno de Baja California, Alfredo Álvarez Cárdenas, informó que no se ha registrado un aumento significativo en los flujos de deportaciones y que no han recibido avisos previos por parte de las autoridades estadounidenses.
En Tijuana, el promedio diario es de 100 a 120 personas, mientras que en Mexicali la cifra es menor a la mitad. Estos datos coinciden con los registros del Instituto Nacional de Migración (INM), que reporta una disminución en los retornos: de 2,700 en enero a menos de 1,500 mensuales entre febrero y abril.
El gobierno estatal afirma estar en contacto con las autoridades del país vecino para anticiparse ante cualquier llegada masiva. No obstante, activistas y defensores de migrantes urgen mayor preparación y coordinación institucional.
José Luis Pérez Canchola, exprocurador de derechos humanos y exdirector de Atención al Migrante en Tijuana, señaló que el Estado mexicano debe garantizar una atención humanitaria integral:
“Se debe apoyar a los oficiales del INM con personal médico, del DIF, Bienestar y otras instancias federales”, dijo.
Contexto: la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que, hasta este miércoles, 61 mexicanos han sido detenidos durante las redadas que realizan autoridades estadunidenses en Los Ángeles.
