La Fiscalía interpuso un recurso de casación por infracción de ley contra la sentencia dictada por la Sala de Apelaciones del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que revocó la sentencia de la Audiencia de Barcelona que condenaba a Dani Alves a 4 años de cárcel por un delito de agresión sexual y en la que ve «arbitrariedad».
En el recurso, el Ministerio Público alega que el TSJC vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva al «haberse llevado a cabo una valoración no racional de la prueba practicada en el acto de juicio oral y no haber valorado la totalidad de la misma», por lo que entiende que incurrió en una arbitrariedad, prohibida por la Constitución.
Argumenta que «determinadas imprecisiones» a las que hace referencia el TSJC en relación al relato de la víctima son fruto del bloqueo psicológico y el deseo de omitir actuaciones inocentes que pudieran interpretarse como un consentimiento inexistente, textualmente.
Sin embargo, sostiene que el examen de la prueba en su conjunto «observando el bosque y no los árboles» determina que hubo una evidente imposición forzada del coito, dice la Fiscalía.
Lo apoyan las secuelas postraumáticas, los videos y grabaciones de la salida de la discoteca, del autor «despreocupándose de una víctima desconsolada»; también los informes forenses y psicológicos de credibilidad o de relación evidente entre las secuelas y la agresión, así como los partes médicos, los testimonios de los Mossos y de las amigas.
