Por primera vez podrán votar en unas elecciones federales aquellos que enfrentan un proceso penal en prisión preventiva y aún no han sido condenados, pues el INE implementará un programa piloto en cinco Centros Federales de Readaptación Social.
La Secretaría de Seguridad y el Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social plantearon que se puede garantizar el ejercicio en penales federales de Sonora, Guanajuato, Michoacán, el femenil de Morelos y Chiapas.
Así, unas 2 mil 185 personas en prisión preventiva emitirán su voto entre el 17 y el 19 de mayo en urnas que garantizar su libertad y secrecía. Los votos serán enviados a los estados donde residían para contabilizarlos el mismo día de la jornada electoral, en una mesa de escrutinio y cómputo especial.
Su participación será solo con invitación previa que enviará el Instituto Nacional Electoral (INE) a cada una de las prisiones y, con base en sus respuestas, se realizará una lista nominal que se integrará el 25 de abril.
Con ese padrón, del 26 de abril al 3 de mayo recibirán un paquete con un documento con las propuestas electorales del candidato que le corresponda, así como la boleta electoral y dos sobres para que depositen su sufragio y pueda ser trasladado al consejo local de su distrito electoral.
La Comisión de Capacitación y Organización Electoral del INE aprobó el modelo de operación en cumplimiento a una sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que busca garantizar el derecho al voto de las personas que, al estar en prisión preventiva y no tener una sentencia firme que contravenga el principio de presunción de inocencia, no han perdido sus derechos político-electorales.
“Es una sentencia muy garantista que se hace cargo de un grupo de personas que llevaban mucho tiempo excluidas del ejercicio debido de sus derechos políticos, surge particularmente por dos personas indígenas que promovieron juicios porque estaban desde hace mucho tiempo en prisión preventiva y, por lo tanto, todavía tenían el principio constitucional de que mientras no tuvieran una sentencia había una presunción de inocencia y, sin embargo, tenían, de facto, suspendidos sus derechos políticos”, explicó la consejera Dania Ravel.
La sentencia obliga al INE a garantizar que el ejercicio cumpla con una visión de perspectiva de género y de interculturalidad. El acuerdo aprobado por la comisión deberá ser sometido posteriormente a votación del Consejo General del INE.
