La Fiscalía General de la República solicitó este martes a la Cámara de Diputados el desafuero del actual gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.
Por conducto de Elizabeth Alcántar Cruz, agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones de Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación o Alteración de Moneda -entre otros servidores-, la secretaria general de la Cámara de Diputados, Graciela Báez Ricárdez, recibió la solicitud de declaratoria de procedencia en contra del gobernador, informó el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, de Morena, quien difundió el oficio en su cuenta de Twitter.
En respuesta, también por redes, el gobernador reclamó que “Morena filtra una supuesta acusación en mi contra. De nuevo el uso faccioso de la justicia donde no hay delito. Se orquesta una embestida política. Esperaré a ser notificado para tener detalles y fijar mi posición. Nunca he violado la ley. Me defenderé ante cualquier atropello”, aseguró.
Entre algunas de las acusaciones en contra del gobernador panista figuran la imputación derivada de la averiguación previa FED/SEIDF/CGI-CDMX/865/2020, iniciada tras la denuncia de Emilio Lozoya iniciada desde el 11 de agosto pasado.
En ella se señalan al menos a 17 políticos, entre ellos ex legisladores, ex secretarios de Estado, e incluso los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
El exdirector de Pemex acusó a los políticos, entre ellos a García Cabeza de Vaca, de recibir millonarios cantidades para aprobar la reforma energética, derivado del caso Odebrecht. El ex director de Pemex dijo también que entregó más de 500 millones de pesos en sobornos.
También, por este caso ya fue citado a comparecer para la imputación de cargos el ex senador panista de la República Jorge Luis Lavalle Maury, quien podría ser imputado de los delitos de asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero.
El exsenador Lavalle Maury es el primero de los políticos y ex altos funcionarios señalados por Emilio Lozoya que es llamado a juicio.
Además de García Cabeza de Vaca y Jorge Luis Lavalle Maury, también están imputados los excandidatos presidenciales Ricardo Anaya y José Antonio Meade, así como los actuales gobernadores Francisco Domínguez, de Querétaro, también del PAN; y Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, ex senador del PRD y hoy de Morena.
También, según fuentes de Morena en la Cámara de Diputados, en meses pasados, particulares presentaron una denuncia en contra del gobernador por enriquecimiento ilícito por más de 951 millones de pesos.
Derivado de esa denuncia, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Ministerio Público integraron la carpeta de investigación y señalan que entre abril y diciembre de 2019 se realizaron triangulaciones financieras que le reportaron ingresos por 42 millones de pesos de una empresa fachada que no cuenta con empleados, capital ni antecedentes de declaraciones fiscales, denominada TC12.
Esta empresa –aseguran- habría recibido los recursos a su vez de la empresa RC, cuyos socios son declarados como sospechosos de operaciones de procedencia ilícita en Estados Unidos, por lo que se configuran los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal, así como enriquecimiento ilícito.
