El fiscal general de Brasil, Augusto Aras, pidió a la Corte Suprema archivar la investigación contra el presidente del país, Jair Bolsonaro, en el caso de las irregularidades en las negociaciones de vacunas contra coronavirus o COVID-19. Basó su petición en un informe de la Policía Federal, que descartó presentar cargos contra el líder ultraderechista sobre este asunto denunciado previamente en una comisión parlamentaria que investigó al gobierno por su gestión de la pandemia.
¿Por qué importa? Esta es la segunda vez esta semana que Aras solicita al Supremo dar carpetazo a una investigación que afecta a Bolsonaro, después de pedir lo mismo para otro proceso en que el gobernante es acusado de difundir documentos secretos dentro de su campaña de descrédito hacia las instituciones.
El caso se refiere a una negociación del Ministerio de Salud con representantes locales del laboratorio indio Bharat Biotech sobre la posible compra de la vacuna Covaxin.
¿Qué se ha dicho? La comisión parlamentaria, que en total realizó nueve acusaciones contra el jefe de Estado relacionadas con la crisis sanitaria, entre ellas la de prevaricación, concluyó que Bolsonaro había sido informado de presuntas irregularidades en esas negociaciones y no había alertado de las mismas a las autoridades policiales. La Policía aseguró que halló “indicios” de que el gobernante fue informado de esas sospechas por un diputado, pero al mismo tiempo defendió que no estaba obligado a denunciar nada.
En la misma línea, Aras, quien fue nombrado para el cargo por Bolsonaro en 2019 y renovado en septiembre pasado para otros dos años de mandato, sostuvo en su escrito, remitido al Supremo la noche del viernes, que la conducta de Bolsonaro no configura ningún delito.
Reacciones. Los senadores que integraron la cúpula de la comisión parlamentaria para COVID-19 afirmaron en una nota que, con la decisión de Aras, el Ministerio Público “demostró una vez más su servilismo” hacia Bolsonaro y su “desprecio” por la investigación que condujeron durante seis meses.
“Además de prevaricar en su deber constitucional, la PGR (Procuraduría General de la República) carece de veracidad en su nota”, manifestaron.
