La Fiscalía General de la República (FGR) procedió penalmente en contra de los directivos del Instituto Nacional de Migración (INM) Francisco Garduño y Antonio “N”.
Esto luego de los delitos que se cometieron en contra de 65 migrantes, 40 por homicidio y 25 por lesiones, por el incendio en el Centro Provisional Migratorio de Ciudad Juárez, Chihuahua, el 27 de marzo.
De acuerdo a la FGR, los directivos incurrieron en presuntas conductas delictivas, al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes (artículo 214, fracción VI, Código Penal Federal).
La FGR también procedió penalmente contra los servidores públicos Salvador “N”, Juan “N”, Cecilia “N” y Eduardo “N”, que se encuentran vinculados directamente con las conductas que generaron los homicidios y las lesiones que sufrieron las víctimas de estos delitos.
En el caso de la empresa de seguridad privada (Camsa) y al propio INM, la dependencia señaló que ambas partes suscribieron contratos por adjudicación directa, omitiendo sus obligaciones de licitación pública y generando costos del doble de lo que en el sector público se paga por esos mismos servicios.
En su comunicado, dice que «los dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación de los últimos años vuelven a señalar, con toda claridad, las faltas y omisiones que en el INM se siguen cometiendo; e indican un patrón de irresponsabilidad y de omisiones que se ha reiterado y que ha sido el causante de estos lamentables hechos ya señalados».
