La transición de procuradurías a fiscalías es hasta el momento nominal, ya que no se ha visto reflejada en cambios profundos en términos de gestión, efectividad ni autonomía, coincidieron expertos.
México Evalúa, por ejemplo, concluyó en «Hallazgos. Seguimiento y Evaluación del Sistema de Justicia Penal» que en la experiencia nacional no existe relación clara entre la capacidad de resolver la carga de trabajo y el grado de autonomía en las fiscalías.
El estudio advierte que la tasa de «congestión ministerial» nacional pasó de 40 por ciento en 2018 a 44.5 en 2019, el último año evaluado, a pesar del cambio de procuradurías a fiscalías.
La entidad con la congestión más alta fue Hidalgo, con 83 por ciento, y la más baja la tuvo Guanajuato, con 14.4.
El índice de impunidad nacional, que mide el nivel de resolución de casos sin contar la cifra negra, fue de 94.6 por ciento en 2018, según México Evalúa, y de 92.4 por ciento el año pasado.
Sinaloa ocupó el último lugar nacional en este rubro, con 99 por ciento, mientras que Baja California está en el primer sitio, con 67.1 por ciento.
«La ausencia de políticas de persecución implica que las instituciones se saturen con delitos menores y no den respuesta, ni a estos, ni a los de mayor impacto», advierte el estudio.
Chrístel Rosales, investigadora del Programa de Justicia de México Evalúa, afirmó en entrevista que el proceso de transformación de las procuradurías en fiscalías es todavía incipiente, por lo que no hay muchos resultados.
«En uno o dos años más del 91 por ciento de las procuradurías se convirtieron nominalmente en fiscalías; al hacer una revisión de sus modelos de gestión, de la manera en que realizan la persecución de los delitos y de su efectividad, no se identifican muchos cambios», señaló.
La especialista en derechos humanos, justicia transicional y transparencia, consideró que dos procesos han sido dejados a la deriva: la consolidación del sistema penal acusatorio y la transformación por completo de las instituciones de procuración de justicia.
Advirtió que las fiscalías siguen careciendo de suficientes operadores (agentes del ministerio público, peritos, policías) y de planes de persecución penal, así como de investigaciones sólidas y sofisticadas que atiendan los fenómenos criminales de manera estratégica.
«No es una tarea sencilla, hay prácticas muy enraizadas y paradigmas muy normalizados, entonces esta gestión del cambio requiere de un proceso de acompañamiento en todos los niveles», abundó.
Carlos Mendoza, académico de la UNAM, consideró que la transición a fiscalías solo se ha quedado en el papel, ya que no ha tenido ningún impacto o incidencia relevante en los hechos, e incluso las instituciones mantienen cierta dependencia a los ejecutivos estatales.
«Y no porque la decisión sea inadecuada, sino porque se está en la primera etapa de este proceso de autonomía; se tenía una clara subordinación a los procesos de investigación, algunos de ellos con contenido político», indicó.
«Esta inercia todavía permanece y seguramente continuará así durante un cierto periodo, pero en la medida que vaya madurando este proceso de autonomía, pues vamos a observar que los procesos de investigación y de gestión son más independientes».
En tanto, Irene Tello, directora ejecutiva de Impunidad Cero, consideró que no se ha visto hasta el momento una relación directa entre los procesos de cambio de las fiscalías y un mejor desempeño.
Tras sostener que es difícil hablar ahora de autonomía en la procuración de justicia, calculó que pasarán varios años antes de que aterrice la reingeniería de procesos, diseños y protocolos de investigación.
«Es un desempeño muy variado, no hemos visto que las fiscalías que ya se nombran como tal realmente sean autónomas, y por lo mismo no hemos visto que haya una relación entre mayor autonomía y mayor desempeño», apuntó.
