Si la gobernadora no sabía que agentes extranjeros participaban en operativos de seguridad en Chihuahua, debe explicar por qué su gobierno lo permitió durante meses. Y si lo sabía, debe aclarar quién autorizó esas actividades y bajo qué fundamento. Esa es la pregunta que planteó la diputada de Morena, Magdalena Rentería, al presentar un punto de acuerdo para exhortar a María Eugenia Campos Galván a solicitar licencia temporal mientras avanzan las investigaciones por el caso de El Pinal, en el municipio de Morelos.
La propuesta fue desechada con 18 votos en contra de las diputaciones del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano que se encontraban presentes; dos abstenciones del PT y el Partido Verde, además de dos diputaciones que no emitieron su voto. Rentería cuestionó que la mayoría de los legisladores del bloque opositor votara en línea, sin estar siquiera en el recinto legislativo. Con esta decisión, sostuvo, se vuelve a cerrar la puerta a la rendición de cuentas y se mantiene a Chihuahua en una ruta de impunidad y corrupción, en lugar de garantizar que la ciudadanía conozca la verdad sobre un caso que compromete la actuación de las autoridades estatales.
La legisladora sostuvo que el caso dejó de ser un asunto aislado desde que comenzaron a conocerse datos sobre la presencia de ciudadanos estadounidenses en actividades con corporaciones estatales, una relación que, de acuerdo con información expuesta en procedimientos judiciales, podría remontarse a octubre de 2025. A esto se suman las distintas versiones oficiales sobre cuántas personas extranjeras participaron, quién coordinó sus actividades y qué autoridades conocían su presencia.
Para Rentería, la salida del exfiscal César Jáuregui no resuelve el problema. Cambiar al funcionario no responde quién permitió estas operaciones, qué controles existían ni por qué las instituciones estatales no garantizaron que se actuara dentro de la ley. La responsabilidad política no desaparece con una renuncia.
La diputada aclaró que pedir licencia no significa declarar culpable a la gobernadora. Significa reconocer que, ante hechos de esta gravedad, es necesario garantizar que las investigaciones puedan realizarse sin dudas sobre la intervención o influencia del poder político. La responsabilidad penal corresponde determinarla a las autoridades competentes; la responsabilidad de gobernar también exige dar la cara.
El punto de acuerdo plantea, además, que la Fiscalía estatal informe sobre los protocolos de cooperación con personas extranjeras, las autorizaciones, los controles de armamento y los registros de acceso a instalaciones de seguridad. También solicita al Poder Ejecutivo transparentar las comunicaciones y decisiones relacionadas con el caso.
Rentería advirtió que Chihuahua enfrenta problemas que no pueden seguir esperando mientras el gobierno concentra esfuerzos en defender su imagen. La ciudadanía necesita saber qué ocurrió, quién tomó las decisiones y si se vulneró la soberanía nacional. “La soberanía no se defiende con discursos. Se defiende respetando la ley y asumiendo responsabilidades. Chihuahua merece conocer la verdad”, sostuvo.
