El Gobierno de Chihuahua vendió 167 viviendas que podían atender una necesidad social urgente y, apenas dos meses después, esas mismas casas ya se ofrecen en el mercado hasta cuatro veces por encima del precio al que fueron adquiridas, denunció el coordinador de los diputados de morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada Sotelo.
Durante un recorrido por el fraccionamiento de Pensiones Civiles del Estado en Ciudad Cuauhtémoc, el legislador cuestionó que un patrimonio público con potencial para atender a familias de la región y a personas desplazadas de la Sierra haya terminado en manos de un particular mediante una operación por alrededor de 45 millones de pesos.
El promedio de venta fue de aproximadamente 260 mil pesos por vivienda; sin embargo, señaló Estrada, actualmente los inmuebles estarían siendo ofrecidos entre 800 mil y un millón de pesos. “Hace dos meses las compraron y ahorita las están vendiendo al cuádruple”, expuso.
Más allá de la diferencia de precios, el diputado puso el foco en una pregunta de fondo: ¿para qué existe la vivienda pública si el Gobierno decide deshacerse de ella en lugar de utilizarla para atender a quienes no pueden acceder a una casa?
Estrada recordó que el municipio de Cuauhtémoc enfrenta una importante demanda habitacional, particularmente entre familias que han llegado desplazadas de comunidades de la Sierra, por lo que consideró necesario esclarecer por qué un conjunto de viviendas con ese potencial social fue vendido a una empresa particular.
Pero el cuestionamiento también alcanza el procedimiento. El coordinador de morena informó que el pasado 12 de agostoenvió un oficio al secretario de Hacienda estatal, en su calidad de presidente de la Junta Directiva de Pensiones Civiles del Estado, con 13 preguntas para conocer quién autorizó la operación, bajo qué procedimiento y con qué fundamento legal. Hasta ahora, afirmó, no han recibido respuesta.
De acuerdo con el legislador, aunque Pensiones Civiles es un organismo descentralizado con patrimonio propio, la legislación estatal establece reglas para la enajenación de bienes públicos. Por ello, sostuvo que debe aclararse si la operación requería autorización del Congreso del Estado y, en su caso, por qué ésta no habría sido solicitada.
“Insistimos: la subasta que se realizó por parte de Pensiones y Coesvi es ilegal porque ese terreno debió ser autorizado por el Congreso del Estado”, afirmó.
Para Estrada, el caso no puede reducirse a una transacción inmobiliaria. Se trata de determinar qué hizo el Gobierno estatal con un patrimonio que podía convertirse en vivienda accesible y terminó, presuntamente, generando un amplio margen de ganancia para un particular.
