Más de 6 mil 600 de los más de 8 mil migrantes que saltaron la cerca o llegaron a nada a uno de los enclaves españoles en el norte de África esta semana fueron devueltos ya a Marruecos, informaron las autoridades el viernes.
Por segundo día consecutivo, no se registraron llegadas a Ceuta, una ciudad española de 85 mil habitantes que está en el centro de una disputa diplomática entre Madrid y Rabat, luego de que las autoridades marroquíes volvieron a reforzar la vigilancia en su lado de la frontera.
Pero en la cercana Melilla, el otro territorio español ubicado a unos 350 kilómetros (220 millas) al oeste en la costa mediterránea, las fuerzas de seguridad fronterizas de ambos lados repelieron a grupos de jóvenes que trataban de ingresar al territorio español. La delegación del gobierno en Melilla confirmó que unas pocas decenas consiguieron su objetivo.
Los servicios sociales de Ceuta atendían el viernes miles de llamadas de padres marroquíes en busca de sus hijos e intentaban acelerar el proceso para volver a reunir a las familias divididas, dijeron las autoridades del enclave español del norte de África.
Mabel Deu, consejera de Presidencia y Relaciones Externas, dijo el viernes que una línea directa establecida el día anterior había recibido 4.400 llamadas de familiares desesperados.
El objetivo de las autoridades españolas es que los menores de edad ‘estén con sus progenitores en el menor tiempo posible porque entendemos la preocupación y la angustia de muchas familias que no saben dónde están sus hijos’.
Hasta el momento, se han confirmado 438 menores no acompañados entre las más de 8 mil personas que llegaron entre el lunes y el miércoles, aunque Deu dijo que las autoridades estaban tratando de verificar las edades de muchos más que estaban en los refugios o deambulando por las calles.
Muchos de los familiares se encuentran a pocos kilómetros al otro lado de la frontera, en la ciudad marroquí de Fnideq, pero una mayor vigilancia a lo largo de una frontera compartida de 8 kilómetros (5 millas) de largo y el caos en el lado español, pero las reuniones familiares se ven dificultadas porque los servicios sociales están abrumados por la repentina afluencia de migrantes.
España tiene la obligación legal de cuidar a los migrantes menores de edad hasta que cumplan 18 años o mientras hallan a sus familiares. Las autoridades están decidiendo en qué parte de la península española distribuir a 260 de los menores no acompañados que están siendo trasladados para dar cabida a los recién llegados.