Unos 38 millones de votantes están convocados hoy a las urnas para elegir entre las apuestas antagonistas que representa la izquierda de Gustavo Petro y la muy conservadora candidatura de Rodolfo Hernández, poniendo fin a una de las campañas más polarizadas en la historia del país sudamericano.
A diferencia de la primera vuelta, donde al menos la candidatura más votada estaba claro que sería la de Petro, la incertidumbre ha estado sobrevolando durante toda la campaña de esta segunda cita, después de que Hernández sacó al del Pacto Histórico de la primera posición de las encuestas.
Hernández, el candidato ultraderechista conocido como el Trump tropical, se hizo con más de 5.9 millones de votos en aquella primera cita del 29 de mayo —28.17% de los sufragios que se emitieron—, superando contra todo pronóstico a Federico Fico Gutiérrez, quien parecía ser la opción predilecta de la derecha para vencer a Petro, que obtuvo más de 8.5 millones de sufragios.
Los sondeos reflejan en la mayoría de los casos un empate técnico. Ambos afirmaron que aceptarán el resultado.
Los últimos días de la campaña han estado marcados por la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de obligar a ambos candidatos a llevar a cabo un debate electoral, después de que una tutela que se presentó en contra de Hernández en la que se le acusaba de infringir los derechos de los colombianos al negarse a participar en este tipo de encuentros.
Sin embargo, la falta de consenso dejó a los colombianos sin debate a pesar del fallo judicial que obligaba a celebrarlo antes del jueves.
Hernández justificó su ausencia por la falta de respuesta de las autoridades judiciales a las preguntas que formuló sobre la conveniencia de la decisión del tribunal de obligarles a debatir, un fallo que calificó de “corte estalinista”.
Entre los principales retos que enfrentará el nuevo mandatario está la desigualdad.
Colombia es uno de los países más desiguales del continente, con 21 millones de pobres, mientras que más de la mitad de las tierras está en manos de una minoría privilegiada que no alcanza 2% de la población. Una trampa mortal para los campesinos, que ahogados por las políticas neoliberales y de libre comercio recurren a los cultivos ilícitos de coca, en manos de los grupos armados.
