Chihuahua, Chih; 3 de junio del 2026.- Las críticas de la gobernadora María Eugenia Campos al Gobierno de México durante su visita a Guachochi omiten un dato central, afirmó el coordinador del Grupo Parlamentario de morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada: mientras la administración estatal cuestiona la política social federal, son los programas de bienestar los que hoy concentran la mayor inversión pública destinada directamente a las familias del municipio.
El legislador explicó que Guachochi tiene una población cercana a los 50 mil habitantes y que alrededor de 34 mil personas -prácticamente siete de cada diez habitantes- reciben al menos un programa social del Gobierno de México. Esa cobertura representa una inversión anual de 965 millones de pesos que llega de manera directa a las familias mediante pensiones para personas adultas mayores, becas educativas, apoyos para personas con discapacidad y otros programas de bienestar.
Frente a esa cifra, señaló, el Gobierno del Estado destina 77 millones de pesos al municipio. «La pregunta es sencilla: ¿con cuál presupuesto se transforman realmente las condiciones de vida de la población?», planteó Estrada.
El coordinador parlamentario sostuvo que la diferencia entre ambas cifras no sólo refleja montos distintos, sino dos formas de entender el ejercicio del poder: una que concibe el gasto social como un derecho y otra que, dijo, privilegia acciones de menor alcance mientras cuestiona la política social federal.
«Cuando la gobernadora habla del Gobierno de México, tendría que explicar cómo pretende equiparar una inversión estatal de 77 millones con una inversión federal de 965 millones de pesos que llega directamente a las familias de Guachochi», afirmó.
Estrada agregó que la realidad de la Sierra Tarahumara tampoco puede analizarse ignorando los indicadores sociales que persisten en la entidad. Recordó que Chihuahua ha registrado casos de niñas y niños fallecidos por desnutrición en comunidades serranas, una situación documentada incluso por resoluciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
«Antes de descalificar la política social federal, la gobernadora tendría que responder por qué esas condiciones siguen existiendo en un estado cuya atención también es responsabilidad de su administración», señaló.
Para el legislador, la comparación evidencia dos modelos de gobierno claramente diferenciados. Uno apuesta por transferir recursos públicos directamente a la población mediante derechos sociales universales; el otro, afirmó, continúa privilegiando el discurso sobre los resultados medibles.
«Los datos hablan por sí solos. Mientras miles de familias de Guachochi reciben apoyos que representan casi mil millones de pesos al año, el gobierno estatal intenta construir una narrativa que los números simplemente no respaldan. Esa es la diferencia entre gobernar con evidencia y gobernar con discurso», concluyó.
