El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó ayer al gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, por la barrera de boyas que colocó en el río Bravo para evitar que los migrantes crucen desde México.
La querrella solicita a un juez federal en Austin que obligue al estado a retirar la fila de enormes boyas anaranjadas que se extiende unos 305 metros, la cual el gobierno federal asegura que plantea preocupaciones ambientales y humanitarias.
La barrera “supone una obstrucción no autorizada a la navegación en aguas de Estados Unidos. Alegamos que Texas ha incumplido la legislación federal al instalar una barrera en el río Grande (como es nombrado en Estados Unidos) sin autorización”, explicó la fiscal general adjunta Vanita Gupta.
La barrera flotante ha provocado protestas diplomáticas de México y corre el riesgo de dañar la política exterior de Estados Unidos, añadió la funcionaria.
El gobierno de Abbott colocó las boyas sin notificar a la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) ni al Cuerpo de Ingenieros del ejército de Estados Unidos. El gobierno de México solicitó la intervención de la presidencia de Joe Biden, al asegurar que la barrera viola los tratados internacionales.
El “muro acuático” colocado entre las ciudades fronterizas de Eagle Pass y Piedras Negras es la más reciente escalada en la operación de seguridad fronteriza emprendida por Texas, que también incluye cerca con alambre de púas, detención de migrantes bajo cargos de invasión a propiedad privada y el envío de solicitantes de asilo hacia estados con gobiernos demócratas.
