Una jueza federal dio luz verde a la Fiscalía General de la República (FGR) para que ejecute la orden de aprehensión contra el dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira Elizondo, una vez que España lo entregue a México, orden de captura que fue librada en octubre del presente año.
El empresario promovió un amparo y obtuvo una suspensión provisional para evitar su detención por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivado del caso de la planta de Agro Nitrogenados.
Sin embargo, un Tribunal Colegiado revocó la medida cautelar, porque la FGR señaló que Alonso Ancira omitió manifestar a la juez mexicana cuál era su situación jurídica en España desde el 6 de noviembre de este año, detalla el expediente judicial consultado por MILENIO.
El Ministerio Público Federal indicó que la Sala Penal de la Audiencia Nacional de España declaró procedente su extradición, tras negarle el recurso de súplica; además, ordenó su búsqueda, detención e ingreso a prisión, y que se le devolviera la fianza de un millón de euros que depositó para gozar de su libertad.
“En la misma fecha (6 de noviembre), agentes de la policía nacional española procedieron a su detención e internamiento en el centro penitenciario de Mallorca; y, el 11 de noviembre siguiente, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ratificó la prisión provisional del quejoso como medida cautelar para garantizar que no se dé a la fuga”, indica el expediente.
Posteriormente, la jueza mexicana procedió a negar la suspensión definitiva, por lo que Alonso Ancira no goza de protección para evitar su detención si en estos momentos es extraditado.
La Fiscalía General de la República también argumentó ante la autoridad judicial que la suspensión solicitada por Ancira Elizondo no le serviría porque se encuentra sujeto a otra autoridad judicial extranjera.
Dicho señalamiento fue compartido por el Tribunal Colegiado que revocó la suspensión:
«El quejoso se encuentra bajo la jurisdicción de autoridades del Reino de España, inclusive sometido a diversa medida cautelar (prisión provisional) para garantizar que no se dé a la fuga, lo cual como se ha dicho, actualiza una imposibilidad jurídica y material para que el amparista pueda quedar bajo la jurisdicción de las autoridades mexicanas (de amparo y la responsable) y, eventualmente para que pudiese dar cumplimiento a cualquier medida de aseguramiento que pudiera emitir la autoridad de amparo”.
El Tribunal Colegiado precisó en su resolución que, si con posterioridad cambian las circunstancias tanto jurídicas como materiales de Alonso Ancira y aún no se ha emitido sentencia ejecutoria en el juicio de amparo del que deriva este caso, el empresario podrá solicitar nuevamente la suspensión.
El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita no amerita prisión preventiva oficiosa, es decir, se puede enfrentar en libertad, pero de acuerdo con fuentes federales, la FGR buscará que el empresario no goce de dicho beneficio para impedir que evada la justicia.
