Transcurrido apenas su primer semestre, 2023 se ha constituido en uno de los años más más represivos contra la migración en Estados Unidos.
No sólo se trata de la intensa vigilancia de los agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), con tecnología de guerra, y de la militarización de la línea divisoria para detener a los migrantes que cruzan de manera irregular a territorio estadounidense, sino de las políticas contra los indocumentados que ya están dentro del país, quienes, a pesar de su estatus, en su gran mayoría trabaja honestamente, declara impuestos cada año y forma parte de la maquinaria que mueve a la economía de EU.
“Hay estados [de la Unión Americana] a los que los migrantes no deben acudir por su propia seguridad. Florida es el principal, pero Texas no se queda atrás”, comenta desde Los Ángeles, California, a EL UNIVERSAL la vocería de la Coalición de los Derechos Humanos para Inmigrantes (CHIRLA, por sus siglas en inglés). “Estos dos estados son los que más han desarrollado políticas injustas e inhumanas contra familias y trabajadores que aportan muchos a este país”.
Hay 26 gobernadores republicanos en la Unión Americana, cada uno con su propia visión antiinmigrante, y son liderados por Ron DeSantis, en Florida, y Greg Abbott, en Texas.
