En el Senado, 53 legisladores de las bancadas del PAN, PRI, PRD y MC, además del grupo plural, emplazaron a la presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, a presentar una controversia constitucional ante la Corte contra el decretazo del presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual, aseguraron, viola la Constitución y atenta contra la división de poderes.
La ministra en retiro, en respuesta, dio a conocer que someterá la solicitud de la oposición a consulta de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara alta, porque tiene “serias dudas” sobre el interés y la legitimación del Senado para promover dicha controversia.
En el debate, el líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, afirmó que 80 senadores no están de acuerdo en que Sánchez Cordero firme el recurso planteado por la oposición y, puso énfasis, sus decisiones están “subordinadas” a la mayoría del pleno.
“En todas sus decisiones, y ésta es una de ellas, está subordinada a la mayoría del pleno. Ella no puede asumir por sí sola una decisión del pleno”, subrayó el legislador zacatecano.
El emecista Noé Castañón pidió la opinión de Monreal, en su calidad de doctor en derecho constitucional y académico de la UNAM, sobre si el decretazo es constitucional o no.
“Para mí es constitucional, salvo que diga lo contrario el órgano constitucional que debe calificarlo: la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, respondió Monreal.
El grupo plural, que lidera Germán Martínez, se alió, por primera vez, al bloque de contención, conformado por PAN, PRI, PRD y MC, con el objetivo de exigir a la exsecretaria de Gobernación firmar la controversia constitucional.
“En el grupo plural estamos confiados en la rectitud y la verticalidad de la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero. En materia de derechos humanos, ni un paso atrás. El militarismo asesinó a Francisco I. Madero y el militarismo en México no va a asesinar los derechos humanos y no va a asesinar nuestra democracia”, soltó Germán Martínez.
En defensa del decretazo, la morenista Lucy Meza justificó que lo que se busca es blindar obras de infraestructura estratégicas como el Tren Maya, el Tren Transístmico y la refinería de Dos Bocas: “Acéptenlo, ustedes son la oposición moralmente derrotada por este gobierno, que sí va a cumplir con estos proyectos estratégicos”, lanzó.
El líder de la bancada panista, Julen Rementería del Puerto, esgrimió que no se puede permitir que, en nombre de los proyectos prioritarios, todas las leyes de este país se hagan de lado: “Eso no puede pasar. No estamos en ningún país donde haya una dictadura, estamos en un país donde debe imperar la vida democrática y por supuesto las acciones que tengan que ver con la legalidad”.
Los senadores de oposición entregaron a Sánchez Cordero un documento, en el cual manifiestan su preocupación porque desde el Ejecutivo se pretende establecer “un régimen de excepción”, porque se recurre a los conceptos de interés público y de seguridad nacional para afectar la rendición de cuentas, favorecer la opacidad, la poca claridad en la contratación pública y el ejercicio de los recursos.
“Se puede concluir que el acuerdo emitido por el Ejecutivo federal ha invadido las facultades legislativas del Congreso de la Unión al intentar, a través de una resolución ejecutiva, alterar el contenido de la Constitución general y las leyes que de ella emanan”, se argumenta.
