El Congreso de Tamaulipas echó para abajo este miércoles las reglas generales aplicables a los procedimientos de desafuero, previamente aprobadas, las cuales serían utilizadas para blindar al gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca, quien es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por diversos ilícitos.
Durante la sesión ordinaria de este miércoles, el Diputado Félix García Aguiar presentó ante el pleno la iniciativa que deja sin efecto los acuerdos aprobados el 2 y 8 de marzo pasado, y con el que se establecían las reglas de dicho procedimiento, con el que el Congreso Local tendría la última palabra sobre el desafuero del mandatario estatal.
Lo anterior debido a que la FGR solicitó a San Lázaro desaforar al mandatario de Tamaulipas con la finalidad de poder proceder penalmente en su contra.
La Cámara de Diputados federal aprobó la semana pasada presentar una Controversia Constitucional, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de las reglas aprobadas por el Congreso Local en la citada materia, fundamentado en el párrafo V del Artículo 111 de la Constitución.
El diputado García Aguiar señaló que el acuerdo sobre las reglas de homologación, lejos de representar un intento de blindaje institucional, representa el cumplimiento de sus obligaciones.
“Dicho acuerdo se ha utilizado por algunos para desvirtuar políticamente el objetivo para sembrar confusión sobre a quién corresponde en última instancia la decisión de remover el fuero a servidores públicos locales, cuando la Constitución General de la República, la Ley Federal y la constitución local son absolutamente claras en cuanto a que corresponde en exclusiva, última y definitiva instancia al Congreso local”, expuso.
El legislador solicitó someter a consideración del Pleno dejar sin efectos dicho acuerdo y así contribuir a eliminar falsas interpretaciones; lo que fue votado por el pleno con la aprobación de la mayoría panista, con cinco abstenciones de los diputados de Morena.
De esta forma, el Congreso local deja sin efectos las reglas para la declaración de procedencia de desafuero en contra de los ejecutivos de las entidades federativas, diputados locales o magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
