Donald Trump tiene cita para ser el primer ex presidente enjuiciado criminalmente en la historia de Estados Unidos dada la orden de un juez en Nueva York que programó el inicio del proceso para el 25 de marzo.
El togado estatal Juan Merchan rechazó la solicitud de Trump, quien estaba presente en el tribunal, de postergar el juicio lo cual implica que el ex presidente tendrá que combinar las actividades de su campaña electoral y presentarse en las audiencias, y es sólo uno de cuatro procesos que enfrenta con un total de 91 cargos criminales en su contra.
Inmediatamente después de la decisión de Merchan, Trump y sus abogados denunciaron que se trata de interferencia electoral, y el ex mandatario agregó: esto es sólo una manera de dañarme en la elección porque estoy ganando por mucho –para variar, una afirmación falsa–.
Su abogado en este caso, Todd Blanche, argumentó ante el impartidor de justicia que el proceder violaría los derechos constitucionales de su cliente, ya que también enfrenta otros posibles juicios, y señaló que con este calendario, Trump tendrá que prepararse para este juicio un mes, donde hay 27 elecciones primarias programadas, y que por ello su decisión es interferencia electoral.
Críticos señalan que no hay nada en la ley para validar un aplazamiento de un juicio sólo porque es inconveniente para un acusado.
En el caso en Manhattan, Trump enfrenta 34 cargos por falsificar documentación de negocios para ocultar pagos a la estrella de pornografía Stormy Daniels y a una ex modelo de Playboy, Karen McDougal, durante su campaña electoral de 2016 para comprar silencio sobre sus breves relaciones extramaritales con las dos (él niega que hayan ocurrido).
Asimismo, Trump enfrenta un juicio criminal en Georgia por intentos de subvertir los resultados electorales en 2020, un caso que muchos expertos señalaban como potencialmente el más peligroso de los cuatros casos criminales –hay otros más en los tribunales civiles– por las pruebas que existen, incluyendo una grabación de una llamada en la que Trump, literalmente, pide al secretario de Estado de Georgia manipular el resultado, como también porque es un proceso estatal y por lo tanto no puede ser (auto) indultado si llega a la Casa Blanca.
Sin embargo, este caso se ha enredado con un juez evaluando si la fiscal del condado de Fulton, Fani Willis, quien encabeza el caso contra Trump, debe ser removida del caso por sostener una relación amorosa con uno de los fiscales en el caso ya que los abogados de Trump acusan que hay un conflicto de intereses. Si el juez ordena que Willis no puede continuar en el caso, éste sería reasignado a quien podría decidir si continuar, modificar e incluso descartar el caso.
El ex mandatario enfrenta dos procesos criminales federales, uno por acusaciones de su papel en el intento de subvertir la elección federal desde la presidencia, y otro por el manejo ilícito de documentos de seguridad nacional que se llevó a su casa al abandonar la Casa Blanca.
La semana podría empeorar aún para Trump si un juez encargado de su juicio civil por fraude empresarial emite hoy, como algunos esperan, su fallo sobre penas financieras –ya ha sido declarado culpable de los delitos–. La fiscal del estado de Nueva York ha solicitado que la sanción sea por 370 millones de dólares.
A fines de enero, a Trump le fue ordenado pagar 83.3 millones por un jurado en otro caso civil por difamación presentado por la escritora E. Jean Carroll, quien ya había ganado otro caso civil declarando al ex presidente culpable de violarla. En ese caso, Trump fue acusado de difamar a su acusadora al rechazar que él la había atacado sexualmente.
Ahora, todo indica que el caso en Manhattan será el primer juicio criminal de los cuatro casos pendientes, y con ello, el primer proceso criminal de un ex presidente en la historia del país. Al igual que el de Georgia, el caso en Nueva York es estatal y no federal, por lo que Trump tampoco podría indultarse a sí mismo si llega a la presidencia.