Al detectar irregularidades en los gastos de estados y municipios, en la construcción del nuevo aeropuerto de Santa Lucía, en la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, el sector salud, el Banco Bienestar, la CFE, en programas sociales de la 4T, entre otros, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó ayer otros 48 mil millones de pesos con observaciones en la entrega del tercer y último paquete de auditorías del gasto público de 2020.
Los tres informes de la cuenta pública 2020 suman 60 mil millones de pesos en gastos “por recuperar o aclarar”: 461.6 millones en la primera entrega, 12 mil 253 millones en la segunda y 48 mil 114 millones 900 mil pesos en la tercera entrega.
En la tercera entrega se incluyen 866 informes: 647 son al Gasto Federalizado, 52 son de Cumplimiento Financiero, 68 de Desempeño, 53 de Cumplimiento a Inversiones Físicas, 22 Combinadas de Cumplimiento y Desempeño, 9 Evaluaciones de Políticas Públicas, 8 de Cumplimiento a Tecnologías de la Información y Comunicaciones, 6 de Cumplimiento Forense y 1 Estudio. En 2020, sólo se han logrado recuperaciones por mil 782 millones de pesos.
En la revisión de los recursos del gasto federalizado programable, de estados y municipios, el monto observado fue de 21 mil 190.3 millones de pesos, del cual mil 753.2 millones, es decir, 8.3 por ciento, corresponden a recuperaciones operadas y 19 mil 437.1 millones de pesos, el 91.7 por ciento, integran el monto por aclarar, indican los informes.
El auditor superior, David Colmenares Páramo, aclaró a legisladores de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados que el mayor monto por aclarar corresponde a estados y municipios.
“El análisis de la cuenta pública 2020 mostró que la mayoría de las entidades federativas recibe, en promedio, 90 por ciento de sus ingresos de las transferencias federales, y en el ámbito municipal aproximadamente el 71 por ciento de sus ingresos totales, lo que se agrava en los municipios con mayor nivel de marginación, en los que alcanza más del 90 por ciento de los recursos”, expuso.
Informó que “tan sólo en el caso de las auditorías al gasto federalizado se obtuvieron más de mil 830 millones de pesos en recuperaciones ya operadas, una cifra histórica en la ASF, lo que muestra el efecto correctivo de nuestra intervención respecto a la actuación de los gobiernos”.
En su discurso ante diputados, remarcó que “las revisiones al gasto federalizado representan más de dos terceras partes del total de auditorías practicadas”, y que “el número de auditorías sobre el gasto federalizado obedece a la multiplicidad de entes ejecutores del gasto, es decir, instancias públicas estatales y municipales. En cambio, el número de entes ejecutores del presupuesto central es reducido, ya que se trata de instancias y dependencias federales”.
Colmenares Páramo respondió a las duras críticas de la oposición; les aseguró que la ASF ofrece “información confiable y objetiva que coadyuva al perfeccionamiento de la gestión gubernamental en México” y estimó que “la prevención tiene la mayor relevancia, aunque a veces en el debate político parecería que su importancia se desvanece”.
Sostuvo que “en cuanto a las acciones correctivas de índole penal o administrativo que derivan de la fiscalización, la ASF ejerce al límite sus atribuciones, para coadyuvar con las instancias responsables”.
Afirmó que la ASF “asume a la transparencia como un principio intrínseco a su misión, a partir de las disposiciones constitucionales y legales al respecto, así como las mejores prácticas internacionales”.
