El fundador de WikiLeaks, el australiano Julian Assange, “es libre” de volver a Australia si gana la batalla contra su extradición a Estados Unidos, dijo este martes el primer ministro del país oceánico, Scott Morrison.
«Suponiendo que todo resulte (a favor de Assange), como cualquier otro australiano, (él) es libre de volver a casa si lo desea”, dijo Morrison a la emisora 3AW, al recordar que el proceso contra su compatriota, de 49 años, aún no ha terminado.
Este lunes la justicia británica rechazó la solicitud de extradición a Estados Unidos de Assange para ser juzgado por espionaje e intrusión informática por la publicación en su portal WikiLeaks en 2010 y 2011 (aunque ahora amplía el periodo de 2007 a 2015) de registros militares y otros documentos confidenciales.
La jueza Vanessa Baraitser determinó en su fallo que Assange corre el peligro de suicidarse en Estados Unidos, tras descartar los alegatos de la defensa que consideran que el pedido de extradición tiene motivaciones políticas y que el periodista digital no tendría un juicio justo en el país norteamericano.
La juez determinará este miércoles si otorga o no la libertad provisional a Assange, a quien México le ha ofrecido asilo.
La Fiscalía británica, en representación de la Administración de EU, ya ha indicado que recurrirá el veredicto ante el Tribunal Superior de Londres dentro del plazo previsto de catorce días.
En junio pasado, el padre de Assange, John Shipton, dijo en entrevista con Efe que el gobierno de Morrison, que es un aliado histórico de Washington y asegura dar asilo consular al periodista australiano mientras afronta el proceso judicial, debería mediar con el británico por la liberación de su hijo.
Detenido inicialmente en 2010 en el Reino Unido a petición de Suecia por un caso de violación que ya ha sido archivado, Assange ha pasado los últimos diez años confinado, primero bajo arresto domiciliario y después refugiado en la embajada en Londres de Ecuador, que en 2019 le retiró el asilo político.
El pasado mayo, EU pidió al Reino Unido su extradición por 18 presuntos delitos de espionaje y conspiración para cometer intrusión informática, que, de ser hallado culpable en ese país, acarrea una condena de unos 175 años de cárcel.
