La Fiscalía General de la República (FGR) ha comenzado oficialmente a tomar declaraciones a los implicados en el operativo en Chihuahua en el que participó la CIA. Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) han dado su versión este jueves en la sede de la FGR en la localidad chihuahuense de Ciudad Juárez. Entre los declarantes está Arturo Zuani, quien se encarga de supervisar el departamento de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía regional, según los periódicos El Universal y Milenio. Por el momento, ni la FGR ni el Gobierno panista de Chihuahua —en medio de una fuerte presión del Ejecutivo de Claudia Sheinbaum— se han referido a las comparecencias.
Esta pasarela de agentes del Estado norteño ocurre apenas tres días después de que la Fiscalía general citase a 50 personas que participaron en el operativo del 19 de abril, en el que autoridades mexicanas y agentes de la CIA buscaban desmantelar un narcolaboratorio. Después de aquella operación, los dos estadounidenses fallecieron, junto con el director de la AEI y un trabajador de la dependencia, en un accidente de tráfico en la sierra Tarahumara.
El suceso destapó la presencia de los agentes de inteligencia extranjeros en México, un hecho que desconocía el Gobierno federal y que terminó provocando un escándalo político que ha tensado aún más la relación con Washington. La polémica que generó ese hecho y las distintas versiones que dio el Ejecutivo de la conservadora Maru Campos para justificar la colaboración con los norteamericanos provocaron la renuncia del fiscal del Estado.
El tema escaló en Palacio Nacional, la sede de la Presidencia en México. En su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum aseguró que los cuatro fallecidos estaban “trabajando conjuntamente” en una misión de la que el Gobierno federal no estaba informado. De acuerdo con las leyes federales, las Administraciones regionales deben contar con el visto bueno del Ejecutivo central.
La FGR indicó el lunes que ya se han realizado los “requerimientos de ley para verificar la existencia y, en su caso, el estatus de las acreditaciones y autorizaciones de seguridad de los agentes fallecidos”. Asimismo, el Ministerio Público desveló la semana pasada que existen dos carpetas de investigación sobre este asunto. Una de ellas fue iniciada hace meses por las autoridades locales por el hallazgo del narcolaboratorio. La otra, que es federal, pone el foco en la posible comisión de delitos contra la seguridad nacional por la presencia de agentes extranjeros en territorio mexicano.
En medio de la polvareda, la Casa Blanca ha aprovechado el terremoto para intensificar su presión sobre México, un país que el presidente, Donald Trump, considera controlado por los carteles de la droga. El miércoles por la tarde, el mandatario estadounidense amenazó por enésima vez a su vecino al sur del río Bravo con comenzar operativos militares por tierra para atacar al crimen organizado. “Si ellos no van a hacer el trabajo, nosotros lo haremos”, sentenció .
