El Gobierno Municipal de Chihuahua informa que, en representación del presidente municipal, Marco Antonio Bonilla Mendoza, fue presentada formalmente una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de diversas disposiciones contenidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Esta decisión se ha tomado en ejercicio del legítimo derecho y en cumplimiento del deber constitucional de proteger la autonomía municipal, consagrada en el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce a los municipios como órdenes de gobierno con competencias propias.
El Municipio de Chihuahua considera que la mencionada ley, aunque tiene un fin loable de garantizar el acceso a la información pública, ha sido implementada sin respetar los principios del federalismo cooperativo, imponiendo obligaciones, procesos y sanciones que no toman en cuenta la realidad operativa, administrativa y presupuestal de los municipios, particularmente de aquellos con menor capacidad técnica y financiera.
El Gobierno Municipal no está en contra de la transparencia, al contrario, la reconoce como un pilar fundamental de la democracia y la rendición de cuentas. Sin embargo, sostiene que este derecho debe ejercerse sin vulnerar la autonomía municipal, ni mediante imposiciones centralistas que desconocen las facultades legales de los gobiernos locales.
Por ello, se ha solicitado a la Suprema Corte que revise la constitucionalidad de dichas disposiciones y que se garantice que cualquier política nacional en materia de transparencia se construya a través del diálogo, la coordinación y el respeto mutuo entre los distintos órdenes de gobierno.
El Gobierno Municipal de Chihuahua hace un respetuoso llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que actúe con responsabilidad y equilibrio, velando por el derecho a la información, pero también por el respeto al federalismo y a las competencias de los municipios.
Finalmente, se reitera el compromiso con la legalidad, la transparencia y la protección de los derechos ciudadanos, siempre dentro del marco que establece la Constitución.
