Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), ofreció a la Fiscalía General de la República (FGR) pagar, a cuatro años, los 200 millones de dólares por el daño ocasionado por el caso Agro Nitrogenados.
En entrevista telefónica, Juan Araujo, abogado de Ancira, señaló que días antes de que su cliente fuera entregado por el gobierno de España a las autoridades mexicanas, presentaron una propuesta de acuerdo reparatorio a la fiscalía de la República.
“Desde antes de la ejecución de la extradición está sobre la mesa el acuerdo reparatorio; desde el principio se ha manejado 200 millones de dólares”, dijo.
Explicó que el acuerdo debe ser aceptado por la FGR y la víctima del delito, en este caso Petróleos Mexicanos (Pemex), y que se propone realizar el pago a cuatro años como lo ha planteado el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Estamos en espera de que el gobierno tome una decisión sobre este criterio y acepte las condiciones de pago que son cuatro años, las mismas que plantea el Presidente”, precisó.
Afirmó que Ancira confía en que habrá un acuerdo para poder regresar a trabajar.
“Lo único que le preocupa son las fuentes de empleo en Coahuila”, agregó sobre el domicilio laboral que tiene su cliente en dicha entidad.
“Él está dispuesto a llegar a este acuerdo y si le parece justo o no ese es otro tema”.
Ancira llegó a México extraditado desde España el pasado 3 de febrero y fue presentado ante el juez de Control, que lo requiere por lavado de dinero en el caso de la compra-venta a sobreprecio de Agro Nitrogenados.
Desde el 4 de febrero, el empresario permanece en el Reclusorio Norte a la espera de que se resuelva su situación jurídica, lo que ocurrirá este martes en audiencia de vinculación a proceso.
El abogado señaló que durante la audiencia se realizará el debate jurídico para evitar la vinculación de su cliente, pues la defensa considera que no existen elementos para tener por acreditada la existencia del supuesto lavado de dinero del que está acusado Ancira.
Descartó la solicitud de un criterio de oportunidad, como hizo su coacusado en el caso Agro Nitrogenados, Emilio Lozoya, debido a que éste opera sólo si el imputado aporta información que ayude a las autoridades a detener y sentenciar a quienes están en una posición jerárquica superior a él dentro de la comisión del delito.
