Desde que se hizo la “Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres”, en agosto de 2021, el Gobierno Municipal inició con capacitaciones a todo el personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) para brindarles herramientas eficaces para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.
Todas las capacitaciones que recibió la primera generación de mujeres y hombres policías preventivos de esta administración, están enfocados en atención a la violencia familiar, a fin de que sepan cómo actuar y responder ante una situación de agresión en el hogar, como parte de varias acciones que la dependencia policial ha realizado a raíz de la citada declaratoria.
Además de las funciones preventivas que realizan los uniformados, la DSPM ha realizado acciones para lograr una real disminución en los índices de violencia de género, tal es el caso de las Unidades de Atención a la Violencia Familiar (UAVI), que funcionan desde el 2005, pero que la administración ha reforzado para atender a mujeres y hombres, que padecen algún tipo de agresión que suele presentarse en las familias.
Las UAVI atienden desde agresión psicológica, física, sexual, económica o patrimonial, con resultados palpables al tener casos de personas atendidas y canalizadas a las instancias gubernamentales encargadas de otorgar seguimiento y posterior castigo para los victimarios.
Datos estadísticos que arrojan las llamadas de auxilio al 911, indican que cerca del 65 por ciento de la violencia contra las mujeres y niñas se da dentro de sus propios hogares y está vinculada a personas que tienen alguna relación de parentesco o amistad con ellas.
Como parte de los compromisos adquiridos por el gobierno local, que actualmente encabeza el alcalde Marco Bonilla, la Policía Municipal, desde su competencia y con las facultades que la ley le otorga, no sólo se enfoca en la comisión de delitos sino en las faltas administrativas como el acoso o molestias callejeras en contra de una mujer, que son sancionables con multas económicas o cárcel de acuerdo al Reglamento de Justicia Cívica y Prevención.
