Un tribunal federal ordenó al gobernador de Nuevo León, Samuel García, que cese de inmediato de hacer juicios de valor y no viole la presunción de inocencia de exfuncionarios estatales, debido a los comentarios que realiza en medios de comunicación y redes sociales, a quienes califica de corruptos y de malos manejos. Se declaró fundado un recurso de queja que promovió un doctor que fue funcionario público en la pasada administración, en el Isssteléon a quien se le otorgó una suspensión de plano, medida cautelar que ordena al mandatario estatal no volver a incurrir en dichos actos.
Argumentos. El magistrado ponente Rogelio Cepeda Treviño propuso declarar fundado el recurso del quejoso, lo cual fue avalado por sus homólogos Manuel Suárez Fragoso y Sergio Eduardo Alvarado Puente. Cepeda Treviño explicó que el mandatario estatal, a través de diversos medios de comunicación e incluso mediante redes sociales, ha manifestado que diversos exservidores públicos del Issteleón obtuvieron beneficios económicos, cometieron ilícitos, desfalcos e irregularidades financieras, entre otros, situación que afectó gravemente a los derechohabientes del instituto y al erario del Estado.
Por su parte, el magistrado Alvarado Puente mencionó que actualmente vivimos un problema recurrente relacionado con el manejo de la información, tanto por particulares como autoridades en los distintos medios de comunicación.
“Este avance de la tecnología, pues nos coloca en una situación en la que muchas de las veces no se establecen los límites legales en la actuación, tanto de particulares como de autoridades y esto nos obliga a que tengamos que resolver las controversias como la que ahora se presenta y judicializar este tipo de situaciones. Muchas de las veces, impera la ignorancia de las propias autoridades… “ Agregó que es función de la autoridad evitar cualquier ejercicio abusivo del poder, y de estar siempre dentro del camino de la legalidad y dentro del estado de derecho.
Para saber. En meses pasados el gobernador presentó una denuncia por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, defraudación fiscal y evasión, contra ex funcionarios del Isssteléon, asegurando que causaron un daño al erario por 4 mil 900 millones de pesos.
