La coalición opositora Va por México impugnó este martes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2022.
A través de una acción de inconstitucionalidad, los líderes parlamentarios del PAN, PRI y PRD en la Cámara de Diputados argumentaron que el decreto aprobado por la mayoría de Morena y aliados “vulnera la progresividad y la no regresividad del derecho a la salud, a la educación, protección de las mujeres, al medio ambiente, entre otros”.
También incluyen que el presupuesto “significa una amenaza a la democracia en México, pues afecta el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), obligándolo a materializar su mandato sin los recursos suficientes, y vulnerando así el derecho que tienen los mexicanos a participar en dichos procesos democráticos, como es el caso de la revocación de mandato”.
Los diputados Jorge Romero, del PAN; Rubén Moreira, del PRI, y Luis Espinosa, del PRD, informaron que presentaron este recurso de acción de inconstitucionalidad ante la Corte contra el presupuesto de 2022 porque “transgrede el principio de progresividad, mismo que fue incorporado en el artículo 1 constitucional, en la reforma de 2011″.
Explicaron en un comunicado que “este principio, como lo ha sostenido la SCJN, tiene como finalidad que los derechos se desarrollen de manera gradual y evolutiva; es decir, que no permanezcan estáticos”.
Los coordinadores señalaron que es la primera acción de esta naturaleza que presentan los tres partidos sobre la progresividad, establecida en la reforma de 2011.
Además, refirieron que el presupuesto ”transgrede el principio de progresividad y es regresivo, pues recortó y no aumentó a programas presupuestales que tienen como finalidad proteger y garantizar los derechos humanos”.
Respecto al mandato de no regresividad, explicaron, significa que “una vez alcanzado un determinado nivel de satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, el Estado está obligado a no dar marcha atrás, de modo que las prestaciones concretas otorgadas en un momento determinado constituyen el nuevo estándar mínimo a partir del cual debe seguirse avanzando hacia la satisfacción de tales derechos”.
