El 72% de la población penitenciaria en el país está sentenciada, mientras que el 27.8% se encuentra bajo proceso, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El porcentaje de la población sentenciada representa un incremento poco significativo, en comparación con el 70.1% que se reflejó en la Enpol 2016, cuando este estudio se realizó por primera ocasión.

Los resultados de la encuesta fueron presentados ayer martes por Julio Santaella, presidente del Inegi; acompañado de Adrián Franco, vicepresidente del organismo, y Óscar Jaimes, director general de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del Inegi.

La Enpol 2021 se realizó entre junio y julio del presente año, a una población de 67 mil 584 personas privadas de la libertad; 55 mil 535 hombres y 12 mil 49 mujeres, de 203 centros penitenciarios del país, lo que abarcó al 95.5% de la población en prisiones, detalló Santaella.

El estudio del Inegi reveló que el 48.6 % de la población privada de la libertad recibió algún tipo de agresión física al momento de ser detenida, describiendo que el 38.4% recibió puñetazos y el 23% indicó que fue asfixiada o ahorcada.

En particular, con la población de mujeres, el 15.5% afirmó haber sufrido algún tipo de agresión física, principalmente de tipo sexual, y 4.8% manifestó ser víctima de violación durante su detención.

A partir de la encuesta realizada por el Inegi entre la población penitenciaria se establece que el 32.7% de la que ya fue sentenciada recibió una condena por el delito de robo, de los cuales 35.3% corresponde a robo de vehículo, 22.7% a negocio, 16.4% a transeúnte en la vía pública, 14.4% a casa habitación, 7.1% a transporte público y 0.9% por robo de autopartes.

De la población sentenciada, 29.8% recibió una condena por homicidio, 12.2 por secuestro y secuestro exprés, 11.9 por violación sexual, 7.3 por portación ilegal de armas, 4.7 por portación ilegal de drogas, 2.5 por delincuencia organizada y 1.3 por violencia familiar.