Decenas de usuarios en Twitter y Whatsapp denunciaron la caída de Facebook, Instagram y Youtube en Cuba en un contexto de tensiones entre grupos opositores y el gobierno, que es responsabilizado de cortar las comunicaciones de internet en el momento en el que llevaban a cabo un desalojo contra un grupo de resistencia que se mantenía en huelga de hambre.
Encabezados por el opositor portal de internet ADN Cuba, los usuarios denunciaron que las autoridades entraron por la fuerza a la sede del Movimiento San Isidro, un colectivo que mantiene una protesta contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel y que tenían como principal herramienta el uso de las redes sociales para dar a conocer su movimiento.
Hasta esta noche, los integrantes se mantenían atrincherados en una casa y armados con sus celulares e internet, llevan 10 días desafiando al gobierno cubano, al que exigen liberar a uno de sus compañeros artistas, acusado por La Habana de estar pagado por Estados Unidos.
Hasta ahora prácticamente desconocido, el Movimiento San Isidro, un colectivo de artistas, universitarios y periodistas, ha ganado notoriedad con esta protesta, ampliamente difundida en línea, incluso más allá de las fronteras de la isla.
En total 14 miembros del movimiento están encerrados desde el 16 noviembre en una casa en el centro histórico de La Habana.
Su golpe de efecto responde principalmente a la internet móvil, que llegó hace apenas dos años al país, revolucionando la vida cotidiana de los cubanos y permitiendo que las voces críticas se escuchen mejor, a través de las redes sociales.
Este episodio también ocurre después de varios meses de tensión entre artistas independientes y el gobierno en torno al decreto 349, que los obliga a vincularse con el Ministerio de Cultura.
Las cabezas de este movimiento, surgido en respuesta a ese polémico decreto, son el artista Luis Manuel Otero, encarcelado 12 días en marzo por usar de forma denigrante, según las autoridades, la bandera cubana en una performance; y el rapero Maykel (Osorbo) Castillo, condenado en 2018 a un año de prisión por «atentar contra la autoridad».
Ambos suelen lanzar provocaciones y constantemente ponen a prueba los límites de la libertad de expresión.
