El gobierno federal tiene integradas carpetas de investigación y de denuncias contra 40 comercializadores que venden gasolinas, 19 transportistas o distribuidores que incumplen la normatividad y 45 estaciones de servicio, algunas de las cuales forman parte de las redes de grandes compañías transnacionales, como Mobil, Total, BP, Valero o G500, todas ubicadas en estados del Norte del país.
De acuerdo con la Mesa de Inteligencia para Atender el Contrabando de Hidrocarburos en la Frontera Norte, creada como parte de la estrategia integral de combate al comercio ilegal de combustibles, se tienen documentadas facturas de estas empresas que demuestran su participación en el comercio ilegal de gasolinas.
De las listas de Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la mesa tiene en la mira «cinco objetivos iniciales»: Lambrucar, Windstar, Valero, Energas, Distribuidora Karzo y Enérgetica Carvel de Chihuahua.
En el caso de Windstar, la Secretaría de Energía (Sener) notificó la suspensión, en procedimiento de revocación, de los tres permisos de importación de gasolinas que la empresa tenía.
El 27 de octubre de 2020, El Universal publicó que la titular de la Sener, Rocío Nahle, reconoció que el país estaba inundado de huachicol fiscal, por los altos niveles de contrabando de petrolíferos provenientes del mercado de Estados Unidos, que le cuestan a la nación cerca de 500 millones de pesos diarios.
Ramsés Pech, analista de energéticos y socio de la consultora Caraiva y Asociados-León & Pech Architects, opinó que hay un vacío o falta de trazabilidad de lo que ingresa al país.
