La práctica y el delito de la trata de personas “no se pueden entender sin la participación de las autoridades de gobierno, sobre todo a nivel municipal, que protegen a los grupos delictivos”, acusó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo.
“No se pueden entender sin la corrupción judicial, la ministerial y la policial, que permite generar protección jurídica’’, denunció ante senadores de la República.
Recalcó que, por eso, “es importante combatir las estructuras financieras, combatir la corrupción política que les da cobijo’.
Durante su participación virtual en el foro “Hacia los diez años de la Ley contra la Trata de Personas. Desafíos, Retos y Perspectiva’’, que organizó el Senado de la República, el funcionario advirtió que, ante esta situación, por más que un Secretario de Seguridad, un gobierno federal o local saque de la calle a narcomenudistas, sicarios o tratas, si mantienen estos grupos sus estructuras financieras la afectación será mínima, porque volverán a enganchar personas para seguir con la actividad delictiva.
Explicó que los desafíos encontrados por parte de la UIF son, primero, entender que en muchas ocasiones el delito de trata tiene que ver con un componente financiero y con un mecanismo de explotación psicológica de las víctimas.
Segundo, los grupos delincuenciales usan negocios intensivos como bares, restaurantes, hoteles, moteles y centros de masaje, para la trata de personas; y el uso de cuentas de terceros para lavar los ingresos ilícitos.
Además, apuntó, el mayor número de casos de trata de personas está relacionado con la explotación sexual; se tienen 2 mil 131 reportes de operaciones inusuales que han sido presentados por el sistema financiero, “de los cuales encontramos 63 operaciones inusuales vinculados con menores de edad en tiempos de COVID-19′’.
Detalló que los espacios donde se tiene una mayor transacción financiera de grupos vinculados con la trata, son la Ciudad de México, Quintana Roo, Jalisco, Puebla y Tamaulipas.
Indicó que la UIF han bloqueado mil 447 cuentas vinculadas con los tratantes por un monto de 147 millones de pesos. Sin embargo, a diferencia de los casos de corrupción política, donde es habitual que existan mecanismos jurídicos para tratar de recuperar el dinero por parte de los ex servidores públicos vinculados con actos de corrupción, la trata de personas y el tráfico de drogas generalmente se pierde el dinero.
“Es decir, no se combaten las decisiones administrativas y jurisdiccionales que permiten mantener el dinero bloqueado, por lo que se necesita cambiar la normatividad para que ese dinero bloqueado y que nadie reclama, pueda ser trasladado al Instituto Para Devolver al Pueblo lo Robado o a la Tesorería de la Federación”, recomendó.
