El Instituto Federal de Defensoría Pública, dependiente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, acusó al Congreso de la Unión de incurrir en otra “omisión” más, ahora en contra de niños y mujeres migrantes.
La directora de Litigio Estratégico de la Defensoría Pública, Anel Ortega Moreno, denunció que los diputados y los senadores ignoraron la sentencia del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la CDMX contra el Poder Legislativo -emitida desde el 5 de febrero de 2017-, que lo acusa de “omisión legislativa” y le ordena emitir la ley general “que armonice y homologue la organización y el funcionamiento de los Registros Civiles en todos los estados del país como lo mandata la Constitución” en materia de migración.
Explicó que “ante la situación de vulnerabilidad que sufren mujeres, niñas y niños nacidos en México de padres migrantes en situación irregular”, la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos (ULEDH) del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) interpuso un juicio de amparo ante el Juzgado Octavo, que ordenó que “a la brevedad” se emitiera dicha ley general y no se ha cumplido.
En entrevista con EL FINANCIERO, la abogada Anel Ortega Moreno alertó que “cada mes alrededor de 3 mil mujeres migrantes, regulares o irregulares, se ven en problemas para acudir a alguna instancia para registrar a sus hijos”.
