La Fiscalía General de la República (FGR) anunció este jueves la vinculación a proceso de nueve funcionarios, dos agentes migratorios y siete policías municipales, por la muerte de 19 personas, 16 de ellos migrantes guatemaltecos, que fueron asesinados y calcinados en enero en la frontera norte.
Los cuerpos fueron hallados en una camioneta quemada en Camargo, Tamaulipas, en una zona que durante años ha estado marcada por las sangrientas guerras territoriales entre los restos del cártel del Golfo y el antiguo cártel de Los Zetas, y un lugar por donde pasan migrantes que quieren cruzar ilegalmente a Estados Unidos.
En el mismo sitio también se localizó otro vehículo incendiado, pero sin cadáveres y con placas de Nuevo León que había sido asegurado por el Instituto Nacional de Migración (INM) a finales de 2020.
Después de la matanza, el gobierno federal anunció la separación de sus puestos de nueve miembros del INM para investigarlos, dos de los cuales están vinculados a proceso.
Los otros siete son elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Escobedo. Todos están vinculados a las gestiones que se hicieron con esa segunda camioneta, asegurada en diciembre y luego devuelta e involucrada en el crimen.
El juez ordenó tres meses más de investigación, pero sin medidas cautelares con lo que se encuentran en libertad.
Además de estos funcionarios, la fiscalía de Tamaulipas detuvo en febrero y vinculó a proceso a una docena de policías estatales del Grupo de Operaciones Especiales —una unidad vinculada a varios casos de abusos— por homicidio, abuso de autoridad y falso testimonio.
