La jueza Abigail Sosa Rivera presidió una audiencia de cumplimiento de garantía económica para dar seguimiento a la medida cautelar en contra de la alcaldesa con licencia María Eugenia C.G. y fijar una garantía hipotecaria, informó la Fiscalía General del Estado.
En la audiencia efectuada en una de las salas del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se realizó el contrato de garantía hipotecaria sobre el bien inmueble ubicado en Residencial Bosques de San Francisco, propiedad de María Eugenia C.G. con un valor de 6 millones 822 mil 917 pesos.
La garantía hipotecaria se fijó por 1 millón de pesos, de conformidad con lo previsto en el Art. 24 de la Ley de Ejecución Penal.
Con el contrato se da seguimiento a la garantía económica que, como parte de las medidas cautelares dictó el juez de Control, Samuel Uriel Mendoza Rodríguez, el 15 de marzo de este año, durante la audiencia inicial.
La audiencia de cumplimiento de garantía económica se realizó de manera presencial con la defensa de la imputada, mientras María Eugenia C.G., lo hizo de manera virtual.
Los defensores presentes fueron Pedro Gómez Ibarra, Francisco Javier Molina Ruiz y Oscar Ordóñez Domínguez.
El jueves primero de abril, el juez de Control dictó auto de vinculación a proceso en contra de la alcaldesa con licencia María Eugenia C.G., igual que en contra de quienes fueron sus compañeros de Legislatura, Rodrigo D. R. y María A. S., por el delito de cohecho en consumación continuada, en perjuicio de las finanzas estatales.
María Eugenia fue acusada de recibir indebidamente, entre 2014 y 2015, más de 9 millones de pesos para ella y para el también ex diputado César J.M (hoy secretario del Ayuntamiento de Chihuahua), cuando ambos eran dirigentes de la bancada del PAN en el Congreso de Estado.
Rodrigo D. R. quien entonces era coordinador de la bancada del PRI, fue vinculado a proceso por recibir en su beneficio personal, 2.5 millones de pesos durante 2013, en tanto que María A.S., quien ha sido durante muchos años dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México, está acusada de recibir 3.8 millones de pesos.
Los pagos ilegales provenían de la llamada “nómina secreta”, uno de varios mecanismos para el desvío de recursos públicos que ha sido investigado por los fiscales y que el ex gobernador utilizó para comprar favores y lealtades de políticos, empresarios, religiosos y periodistas.
Después de la vinculación a proceso, el juez fijó seis meses como plazo para que la Fiscalía concluya y fortalezca las investigaciones.
Mientras concluye la investigación, les impuso a las exdiputadas y al exdiputado, las siguientes medidas cautelares: prohibición de salir del país, entregar sus pasaportes, una garantía económica por 500 mil pesos aplicable a cada uno de los imputados, además de no tener comunicación o contacto alguno con los testigos del caso.
