La Suprema Corte de Justicia ya no resolverá en 2020 las demandas que ponen en riesgo reformas prioritarias del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La lista para las nueve sesiones de Pleno que restan a la Corte hasta el 10 de diciembre, no contempla ninguna de las 11 impugnaciones pendientes contra esas reformas, algunas de las cuales tienen casi dos años de haber sido presentadas.
Hasta el 17 de noviembre, el 72.5 por ciento de los 182 asuntos votados por el Pleno durante 2020 fueron demandas contra leyes estatales o conflictos entre órganos de gobiernos locales.
Solo 11 casos versaron sobre temas federales, 7 de ellos controversias entre órganos autónomos, 2 acciones de la CNDH y el INAI sobre acceso a información de seguridad pública, una controversia del Ejecutivo federal contra Sinaloa pendiente desde 2017, y la consulta popular solicitada por López Obrador para enjuiciar a los cinco expresidentes de la República.
Los restantes fueron contradicciones de tesis, incidentes de inejecución, impedimentos, consultas a trámite y otros asuntos técnicos, así como dos amparos, pues el Pleno ha delegado casi por completo la revisión de estos litigios, únicos iniciados por ciudadanos, a las dos Salas de la Corte.
Solo dos casos del Pleno generaron atención nacional: la invalidez de la Ley Bonilla, que prolongaba de dos a cinco años el mandato del Gobernador de Baja California, y por 6 votos contra 5, el visto bueno a la consulta popular, pero con una pregunta radicalmente distinta redactada por los propios Ministros, en uno de los fallos más criticados en la historia de la Corte.
Las acciones de la CNDH contra leyes estatales dominaron la agenda de la Corte, que resolvió 66 de ellas, incluidas 11 que impugnaban leyes municipales de ingresos para 2020, una de las materias menos relevantes y con más precedentes que hay en el máximo tribunal.
Otras 19 acciones contra leyes locales fueron presentadas por comisiones estatales de derechos humanos, minorías legislativas o el INAI, y la Corte también tuvo que revisar 20 demandas contra reformas electorales locales, que son de atención prioritaria y de manera recurrente consumen tiempo del Pleno.
Siete de los casos relevantes para la 4T son acciones de inconstitucionalidad, que en teoría se pueden resolver con rapidez, porque son juicios que no requieren desahogo de pruebas.
De hecho, de los 182 asuntos que votó el Pleno, el 56 por ciento (103) fueron expedientes abiertos en 2019 o 2020, y si bien la pandemia interrumpió durante un mes las sesiones, la Corte canceló su receso de julio, ha laborado siete meses seguidos, y está votando más casos que nunca.
Aún así, por segundo año consecutivo la Corte no resolverá si es Constitucional reducir salarios a los órganos autónomos, pues las controversias que éstos han promovido quedarán sin materia el 1 de enero, ya que impugnan el presupuesto de egresos anual.
Al cajón
Reformas de la 4T pendientes de revisión en la Corte:
Acciones de inconstitucionalidad:
Superdelegados y comisiones presidenciales
Ley de la Guardia Nacional
Leyes secundarias de la contrarreforma educativa
Veto de 10 años a funcionarios para ir a la IP
Reforma de extinción de dominio
Fraude fiscal y factureo como «amenaza a la seguridad nacional»
Reforma a Ley de Adquisiciones para comprar medicamentos vía ONU
Controversia constitucional:
Reducciones de salario a órganos autónomos
Decreto del Ejecutivo reduciendo tiempos de Estado a radio y televisión
Decreto del Ejecutivo para uso de Fuerzas Armadas en seguridad pública
Decreto Nahle (Política del Sistema Eléctrico Nacional)
Lo votado hasta el 18 de noviembre:
86 acciones contra leyes estatales
20 acciones contra leyes estatales electorales
26 controversias entre poderes locales o municipios vs poderes locales
22 contradicciones de tesis
7 controversias entre órganos federales
2 acciones contra leyes federales
1 controversia Federación vs estado
1 consulta popular
17 otros (amparos, incidentes inejecución, impedimentos etc)
