Ciudad Juárez Chih, 14 de abril 2026.- La diputada juarense María Antonieta Pérez Reyes dio a conocer junto con el equipo de abogados que representan a la niña identificada como “azul”, exigen en esta ocasión que el caso llegue hasta la Suprema Corte, ya que el juez séptimo de distrito concedió un amparo en revisión que podría poner en libertad al presunto agresor sexual de la menor, que resulta ser el propio padre biológico.
‘El padre biológico detenido actualmente presentó un amparo para que se le revisaran las medidas cautelares y pudiera enfrentar el juicio en libertad, cosa que juez del juzgado séptimo otorgó la concesión de que se revisaran las medidas cautelares. Si bien no lo puso en libertad, si está solicitando que se revisen por si hay posibilidad de otorgarle una medida cautelar alterna’, denuncio la diputada María Antonieta, al momento en difundir que el reconocido abogado Lorenzo Villar Chavarría se une también al equipo coadyuvante de la Fiscalía Especializada en delitos contra la Mujer (FEM) en este caso.
Este caso podría convertirse en un caso a nivel nacional advirtió la abogada Sandra Díaz Rubio por la interpretación que dio el juez federal, ‘pero en el 19 constitucional segundo párrafo vienen específicos los delitos donde se tiene que mantener la prisión preventiva oficiosa y eso es lo que estamos buscando’.
Cabe recordar que “azul” esta dentro del espectro autista y en 2025 fue víctima de abuso sexual, al señalara su padre y a su pareja sentimental, ambos en prisión. Pero ahora se difundió que los abogados defensores del principal acusado, han intentado entrevistar a la niña al momento de tomar sus terapias de lenguaje, señaló la madre ‘cada vez estamos viendo más situaciones de abuso hacia menores y no es posible. Todo este tipo de cosas dejan estigmas en los niños’.
Por ultimo el equipo de abogados de los intereses de “azul” y su madre indicaron que la estrategia es combatir legalmente la resolución del amparo a favor del acusado con un recurso ante magistrados. Sin embargo se acepto, podría tardar hasta seis meses en resolverse, por ello la exigencia de que este caso pueda llegar hasta las ministras y ministros de la Corte, debido a que por un tecnicismo en la prisión preventiva oficiosa, un acusado de agresión sexual en contra de un menor de edad, no debe de quedar en libertad mientras se lleva su juicio.
