El Tribunal Supremo de Estados Unidos desestimó, por unanimidad, la demanda presentada por el Gobierno de México contra varios de los principales fabricantes de armas del país, a quienes acusaba de facilitar el tráfico ilegal de armamento que termina en manos del crimen organizado en territorio mexicano.
Los nueve jueces del alto tribunal coincidieron en que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas, aprobada en 2005, otorga una amplia inmunidad legal a los fabricantes de armas de fuego frente a demandas relacionadas con el uso que los compradores hagan de sus productos.
México interpuso la demanda en 2021 contra compañías como Smith & Wesson, Beretta, Colt y Glock, reclamando una compensación de 10 mil millones de dólares por los daños provocados por la violencia armada en el país, alimentada por el contrabando de armas desde EE.UU..
Durante el proceso, el Gobierno de México sostuvo que su denuncia se amparaba en una excepción contemplada en la ley, que permite acciones legales cuando una empresa ha violado “a sabiendas” las leyes sobre armas de fuego.
No obstante, en el fallo redactado por la jueza progresista Elena Kagan, el Tribunal Supremo de EE.UU. concluyó que no existen pruebas plausibles de que las compañías demandadas hayan permitido deliberadamente el tráfico ilegal de armas.
A diferencia de Estados Unidos —donde la posesión de armas está protegida por la Constitución—, México mantiene una legislación restrictiva en materia de acceso a armamento.
La Administración de Donald Trump, que designó como grupos terroristas a los narcotraficantes mexicanos, acusa a México de facilitar el tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense, pero el Gobierno de Claudia Sheinbaum insiste en que las organizaciones responsables del narcotráfico son poderosas gracias a las armas estadounidenses.
